La larga crisis económica dejó al aire las limitaciones de la política para embridar las dinámicas propias de un sistema que, en la más cruda de sus mutaciones, acababa por dejar a la intemperie a la parte más débil de la ciudadanía. Pese a las evidencias de que las fuerzas desatadas imponían su propia ley, con un visible debilitamiento de la voluntad popular que encarnaban los representantes públicos, una parte de la respuesta social consistió en la exigencia de más política pero distinta. Fue el momento de emergencia de formaciones nuevas que en algunos casos, como el de Podemos, consumieron su crédito electoral del mismo modo vertiginoso en que lo habían generado. Pero, por un tiempo, hubo de nuevo expectativas de que algo podía esperarse de la esfera de la decisiones públicas en la que se operaban cambios visibles.
Todo fue a menos y ahora la política se encuentra en el que quizá sea su momento más bajo desde que la crisis comenzó a atemperar. El verdadero triunfo del soberanismo catalán consiste en haberse adueñado por completo de la agenda del país, imponiendo una postergación de todo aquello que sí tiene una repercusión directa en la vida real de los ciudadanos. Los jubilados en la calle son la prueba de uno de los asuntos cruciales que en estos meses quedó en segundo plano. La responsabilidad de las fuerzas políticas en su conjunto es haber consentido ese cambio de prioridades hasta olvidar lo que de verdad importa. Pero las responsabilidades también admiten gradaciones proporcionales al papel que a cada cual le corresponde en el tablero institucional. El marianismo que todo lo fía al "ya pasará" es el primer culpable y quizá no resulte arriesgado interpretar este tiempo como una prolongación de la parálisis política de 2016, de la que salió un Gobierno carente de liderazgo y con escasa disposición a asumir el cambio de escenario derivado de la pérdida de su dominio parlamentario. Y así seguimos.
