04 de abril de 2018
04.04.2018

El tesorero del PP controlaba contratos públicos, dice un testigo

Había una pugna interna por la "caja B" del partido, según el exdelegado en Ceuta

04.04.2018 | 03:59
Luis Vicente Moro.

El que fuera tesorero del PP Álvaro Lapuerta controlaba las adjudicaciones de contratos públicos en aquellas administraciones donde gobernaba el partido y había una auténtica pugna interna por la "caja B" de la organización. Ese fue el testimonio de Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta, ante el juez que investiga la financiación encubierta de los populares.

Moro trabajó dos años en Constructora Hispánica, empresa que aparece en los papeles de Bárcenas como donante del PP. Entre otro detalles, en su declaración el testigo afirmó que la sociedad contrataba a jóvenes del partido, entre otras contraprestaciones. Las relaciones de Alfonso García Pozuelo, entonces presidente de la constructora, con los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas eran muy fluidas, lo que también ocurría con el exsecretario general, Francisco Álvarez Cascos.

García Pozuelo es uno de los arrepentidos de la trama Gürtel, se encuentra a la espera de sentencia de la primera época de la trama y compareció como investigado en el caso Bárcenas. En la contabilidad paralela del extesorero se refleja que García Pozuelo habría pagado al PP al menos 72.000 euros en el año 2000 y otros 90.000 más en 2003 y 2004. Moro, imputado en el "caso Lezo", por el desvío de fondos del Canal de Isabel II, afirmó que el expresidente madrileño Ignacio González le relató la pretensión de Álvaro Lapuerta de controlar las adjudicaciones públicas de la administración madrileña. La oposición de González a ese empeño provocó un enfrentamiento con Lapuerta que obligó a mediar a la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre.

Revisión e Gúrtel

El Supremo revisará hoy la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) que condenó a los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa y Pablo Crespo a trece años de prisión, a Álvaro Pérez, el Bigotes, a doce años y a la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez a nueve años. La sentencia deja constancia de que las empresas de Correa recibieron 5.696.428 euros de los fondos públicos de la Generalitat valenciana para ejecutar los contratos de representación en Fitur, contratos que fueron amañados, según la resolución judicial.

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