El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, instó ayer de modo "urgente" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a dar explicaciones sobre el dinero público gastado por la Generalitat en el referéndum del 1-O, cuando los movimientos de tesorería catalanes estaban ya intervenidos por el ministerio de Hacienda.

Montoro aseguró la pasada semana que, de acuerdo con los datos en su poder, la Generalitat no gastó fondos públicos en el referéndum ilegal. Sin embargo, las investigaciones de la Guardia Civil muestran lo contrario, lo que ha llevado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a procesar al expresidente Puigdemont y a otros diez ex altos cargos catalanes por malversación.

Según diversas fuentes, Llarena está molesto con unas declaraciones que ponen en duda la malversación, precisamente cuando la justicia alemana se niega, en principio, a entregar a Puigdemont a España por el otro delito por el que está procesado, el de rebelión.

El pasado jueves se hizo público que la Guardia Civil cifra en al menos 1,9 millones la cantidad malversada, mientras en sus investigaciones anteriores la limitaba a 1,6 millones. La víspera, Llarena había dictado una providencia en la que requiere a Montoro para que le informe cuanto antes sobre el "soporte objetivo concreto" de sus afirmaciones.

En sus declaraciones de ayer, Carrizosa sostuvo que "se han generado facturas para pagar el 1-O mientras Rajoy y Montoro nos garantizaban que no se gastaba dinero público en un referéndum ilegal".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró, por su parte, en una entrevista con el diario "La Razón" que Montoro dará "explicaciones pormenorizadas" a Llarena sobre el dinero del referéndum. Catalá sostiene que el ministerio de Hacienda tiene un mecanismo de control riguroso de las cuentas y la tesorería de la Generalitat, y añade que el Ministro se refería a eso cuando aseguró que no se había gastado dinero público en la organización del 1-O, porque "ese sistema está garantizando que no se desvíen fondos".

"Otra cosa", añadió Catalá, "es si antes de que el ministerio de Hacienda pusiera en aplicación ese sistema se han podido desviar fondos de manera ilícita. y es lo que investiga un juez", dijo en alusión a Llarena.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha admitido en una entrevista con el diario "La Vanguardia" publicada ayer que "formalmente" no consta que el Gobierno de la Generalitat destinara dinero público al 1-O, pero, matiza, hay muchas formas de malversar, como "falsificaciones o gastos camuflados", porque "de algún sitio han salido", razona, los gastos del referéndum ilegal.

Según Millo, cuando el ministro de Hacienda hace esa afirmación "no habla de la causa judicial", sino que manifiesta que "desde que él controla las finanzas de la Generalitat, los recursos públicos están justificados en documentos oficiales conforme al presupuesto".

"Y, formalmente, no hay dinero dedicado a una ilegalidad como el referéndum", sostiene Millo, quien apunta que "hay muchas maneras de malversar. Por ejemplo, se puede hacer una factura para comprar ordenadores y haber comprado las urnas, o falsificar una factura", añade.

Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, salió en defensa de Montoro, asegurando que el ministro de Hacienda "fue el primero" que denunció a los independentistas por malversación de fondos públicos. Hernando advirtió a Ciudadanos que el "enemigo" no es Montoro, "sino los independentistas, como en su momento lo fue la ETA".