"Estamos haciendo ganar dinero a gentuza" mientras que a quienes apoyaron al PP "les estábamos hundiendo sin solución". Belén Reyero, responsable del departamento de Eventos de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana y persona de máxima confianza del expresidente de la comunidad, Francisco Camps, se refería en esos términos a la situación que se estaba generando en torno a la Fórmula1 en Valencia. Reyero declara hoy como imputada en el Juzgado de Instrucción número dos de Valencia, que investiga presuntas irregularidades en la organización del Gran Premio de F1.
La Unidad Central de delincuencia económica y Fiscal elaboró un "Estudio de la operación relativa al proceso de negociación, contratación, desarrollo y desenlace de la celebración del Gran Premio de Fórmula Uno en València (2006-2014)". El informe analiza las actuaciones jurídico-contractuales para la puesta en marcha del Gran Premio de Europa de F1 en Valencia entre esos años y la situación de Valmor, la empresa organizadora de la prueba y de la que era responsable el expiloto Jorge Martínez "Aspar", también llamado a declarar en los próximos días.
En dicho informe figuran correos en los que Belén Reyero, habla del uso de Valmor por terceros para sacar dinero. En la documentación examinada por la Policía constan correos en los que Reyero pregunta Cristina Morató, directora de Grandes Proyectos en esas fechas, si también cree que la prueba automovilística es rentable. En algunos de los correos la directora de la oficina de Eventos afirma que trabajó con "tarados mundiales", el alusión al propio Camps o a Bernie Ecclestone, el magnate de la F1.
270 millones de pérdida
En otras de sus comunicaciones, Belén Reyero deja constancia de que a la iniciativa de la F1 se acercan muchos "para hacer negocio a costa del dinero público", y considera el proyecto "un pequeño desastre". "Cobran comisiones hasta de su sombra", constata en otro de sus correos.
En el documento de la UDEF se recoge un informe de balance económico de la F1 donde se cifra en 210 millones de euros lo pagado por el canon y otros servicios en el acumulado de siete años y unas pérdidas de 270 millones sin tener en cuenta la inversión inicial.
