Tras la sentencia de la red Gürtel, que es importante resaltar que no es firme, ya que va a ser recurrida, los dirigentes del PP se han aprestado a remarcan que el partido no incurrió en ilícito penal, aunque los magistrados hayan entendido que efectivamente sí se financió con fondos obtenidos de forma ilegal, y además con el conocimiento de los responsables del partido en aquel momento.

En un párrafo demoledor, los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada -de los que difiere sobre este mismo punto el tercer juez del tribunal, Ángel Hurtado Adrián- indican: "Por lo tanto, los responsables del PP sabían cómo se financiaban las elecciones y en nuestro caso las de Majadahonda y Pozuelo: negarlo es ir no solo contra las evidencias puestas de manifiesto, sino en contra de toda lógica". No obstante, Hurtado niega la mayor y señala que los dirigentes populares no sabían cómo se estaba financiando el partido. Otro ha señalado que los hechos se cometieron sin conocimiento de los dirigentes del partido ha sido Luis Bárcenas, el extesorero popular.

Hoy en día, el PP podría ser perseguido penalmente por estos hechos, en virtud de la reforma penal que estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en 2010, y más tarde de los partidos políticos y sindicatos. Pero en el momento en que se cometieron los hechos juzgados, entre 1999 y 2005, no existía esa responsabilidad penal, y la financiación ilegal de los partidos tan solo merecía un reproche administrativo.

No obstante, los jueces han encontrado un resquicio para que, por los menos, la administración recupere los fondos que se detrajeron de forma ilícita, y es declarar al PP responsable a título lucrativo. Este aspecto lo regula el artículo 122 del Código Penal, que establece "el resarcimiento del daños hasta la cuantía de su participación" para quienes "por título lucrativo hubieren participado de los efectos de un delito".

Básicamente establece que "el PP no ha intervenido en la comisión delictiva, pero se ha beneficiado de ese dinero ilícito, lo mismo por lo que fue condenada la exministra Ana Mato o la infanta Cristina de Borbón", indicó el profesor de Derecho Penal Luis Roca Agapito. Si los hechos se hubiesen cometido después de la reforma penal, el conocimiento del origen ilícito de los fondos al que aluden los magistrados en esta primera sentencia de la Gürtel sí se hubiese traducido en una acusación penal por un delito de blanqueo o financiación ilegal contra el partido.

Luis Roca indica por otro lado que el hecho de "que haya un conocimiento de los hechos delictivos no implica necesariamente que se pueda llegar a condenar". Simplemente no se ha substanciado la responsabilidad individual de los responsables del partido en el momento de la comisión de los hechos. Los secretarios del PP entre 1999 y 2005 fueron Francisco Álvarez-Cascos -hasta el 30 de enero de 1999-, Javier Arenas -hasta septiembre de 2003-, Mariano Rajoy -hasta octubre de 2004- y Ángel Acebes, en el cargo hasta 2008. El presidente del partido en esos años fue José María Aznar.