"Las cosas pueden cambiar", dijo ayer Javier Fernández, a una semana del cambio del Gobierno. La expectativa de mudanza que ahora expresa el presidente del Principado se refiere a las tesis que sobre la urgencia de la descarbonización de la economía defiende la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y a su reconocida inclinación a acelerar el fin de la generación eléctrica con carbón. Espera, vendrá a decir, que el Ministerio la cambie. O que el Gobierno entienda igual que él la energía como una "política de Estado" capaz de trascender las opiniones personales. Hablaba Fernández mientras el nuevo Ejecutivo se reunía por primera vez en la Moncloa y en la Junta los portavoces de la oposición calibraban el nivel de sus reservas respecto al gabinete recién diseñado por Pedro Sánchez. Hablaba también antes de que la nueva ministra, en sus primeras palabras públicas en calidad de tal, afirmase que el carbón tiene "poco futuro".

En la sesión bisemanal de preguntas al Presidente, justo después de que la portavoz de Foro, Cristina Coto, retratase a Ribera como una "reconocida fundamentalista de la descarbonización", el jefe del Ejecutivo regional, el antiguo presidente de la gestora que nació en el PSOE enfrente de Sánchez, dijo aquello de que las cosas no sólo pueden, sino que en realidad algunas deben cambiar.

"Conozco las opiniones de Teresa Ribera", afirmó. "Ahora necesito conocer las decisiones de la ministra de Medio Ambiente de España". Lo que él espera que cambie, precisó, son ciertas "posiciones que ahora deben ser analizadas con perspectiva de ministra". No mencionó las opiniones abiertamente contrapuestas han mantenido. Llegó hasta ahí su advertencia preventiva como respuesta a las dudas que sobre Ribera manifestó la oposición casi en pleno, sobre todo cuando Cristina Coto se echó a temblar incluso a la vista de la denominación escogida para el Ministerio, que declara intenciones desde que se llama "de transición ecológica, ni siquiera energética", protestó.

Un asunto de Estado

Como quiera que todas las interpelaciones que recibió de la oposición trataron de forzarle ayer a hablar del Gobierno, Javier Fernández ya había afirmado antes, en su turno de réplicas al portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que hablando del futuro de la energía, de las centrales térmicas de carbón o del carbón mismo, "una cosa son las posiciones y otra, las decisiones". Reprodujo además el argumento que su consejero de Presidencia pronunció ya el miércoles, reiterando que más allá de las posiciones personales la política energética es "un asunto de Estado", y reafirmó las tesis de su Gobierno sobre el particular, que en su día fueron abiertamente discrepantes de las que defendió el comité asesor del PSOE que coordinó la ahora ministra, con su propuesta de 2025 como fecha máxima de caducidad de la generación eléctrica con carbón. En la función parlamentaria monográfica de preguntas sobre el Gobierno de España, Javier Fernández había empezado respondiéndole a Llamazares que "espero sintonizar con el Gobierno de España" en los grandes desafíos pendientes, había enumerado sobre todo éste, el de la financiación autonómica y los de las infraestructuras, y había pedido "un mínimo margen" para el nuevo Ejecutivo. Sentada esa base, ofreció "toda la cooperación y lealtad institucional", exigió "reciprocidad" y adelantó la defensa de sus convicciones con el máximo "convencimiento".

La "provisionalidad"

Llegado al territorio de la financiación autonómica, una vez reiterados los argumentos que seguirá definiendo y apuntaladas las alianzas tendidas con otras comunidades autónomas, Javier Fernández incorporó a los deberes del nuevo Gobierno la tarea de que al menos "encauce" la reforma del sistema que dejó pendiente el gabinete anterior. "No sé si va a concluir este asunto", aseguró Fernández tras mencionar el "punto de provisionalidad" que se atribuye al Ejecutivo, pero anunció que pedirá una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el propósito de que el Ejecutivo de Sánchez haga lo que evitó hacer Mariano Rajoy y defina claramente la postura del Gobierno sobre el particular. A la queja de Llamazares sobre el bajo grado de ejecución del Gobierno saliente en las infraestructuras -un "catastrófico" treinta por ciento en la Variante de Pajares en el balance de 2017, denunció-, el Presidente prometió "hablar con el Gobierno para que se dinamicen esos niveles".

El ya tradicional intercambio de pullas con la portavoz del PP, Mercedes Fernández -"le veo cada vez más agotado", dijo ella; "tiene un discurso troglodítico", replicó él-, incluyó ayer también la certeza del Presidente de que los apoyos independentistas de Sánchez no responden a "ningún tipo pacto" y el descarte de las sospechas de la presidenta popular con un reproche que afeaba a su interlocutora que "una conspiración es radicalmente más sugestiva que la realidad". A las advertencias del portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, afeó el Presidente su abstención en la votación reciente de la Junta sobre las prioridades energéticas de Asturias y al aviso de amplio espectro del de Podemos, Emilio León, sobre el final del "viento de cola" en la coyuntura económica internacional respondió que "su propuesta de vulnerar el corsé que impone la UE tiene costes muy altos".