El Gobierno devolverá la cobertura sanitaria a 800.000 inmigrantes sin papeles. Para ello derogará en un plazo inferior a tres meses la reforma del PP, de abril de 2012, con Ana Mato titular de Sanidad, que dejó sin tarjeta sanitaria a quienes se encontraban en España en situación irregular.
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, anunció ayer la decisión de restablecer la sanidad universal, uno de los compromisos de Pedro Sánchez en el programa de Gobierno expuesto en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Para Celaá, se trata de un asunto "extraordinariamente importante" y una medida de "decencia política", que ayer tuvo una gran acogida en colectivos sanitarios y organizaciones que trabajan con inmigrantes.
El real decreto de reforma sanitaria estará elaborado en el plazo de en unas seis semanas, cuando irá al Consejo de Ministros. Después serán necesarios treinta días más para su convalidación en el Congreso de los Diputados. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, se reunirá en la última semana de junio con los consejeros autonómicos de su sector para abordar la restitución de la cobertura médica a los inmigrantes. El PP justificó la retirada de las prestaciones como una medida para ahorrar al Sistema Nacional de Salud más de 7.000 millones de euros. Pese a esa supresión, los inmigrantes recibían asistencia en los servicios de urgencias, y se garantizaba la atención a los menores y las embarazadas.
La portavoz del Gobierno ratificó la intención de suprimir las concertinas, las cuchillas de las vallas destinadas a impedir el acceso de inmigrantes a través de Ceuta y Melilla. El Ministerio del Interior prepara un informe sobre la eliminación de estas protecciones con cuya desaparición el Ejecutivo tratará de llamar la atención de sus socios europeos sobre la necesidad de "actuar en los países de tránsito" de los migrantes subsaharianos. La seguridad en la frontera debe ser compatible con el respeto a los derechos humanos, defendió Celaá.
Los principales sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil respaldan la supresión de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla aunque consideran necesario reforzar la vigilancia de la frontera con otros medios para controlar los flujos migratorios. Los representantes policiales solicitan para ello más agentes en la zona y cámaras detectoras de movimientos de anticipación. "Decimos sí a la retirada de las concertinas, pero está en la mano del ministro que esto no sea un anuncio meramente cosmético", afirma Ramón Cosío, portavoz del SUP. El sindicato mayoritario en la Policía considera que el Gobierno debe presionar para que Europa, a través de Frontex, invierta en una frontera que es común. A ello deben sumarse las ayudas a los países africanos de origen que disuadan a quienes emigran. "Muchos días tenemos a las siete de la mañana a cuatro policías desplegados frente a 15.000 personas del lado marroquí esperando a cruzar por los pasos fronterizos, esa es la realidad", cuenta el portavoz del SUP para exponer la precariedad de medios con que la policía desarrolla su labor.
El Ejecutivo mostró ayer un cerrado respaldo al ministro de Agricultura, Luis Planas, quien dispone de "toda la confianza" y "no tiene cuentas pendientes con la justicia", según Isabel Celaá. la portavoz del Gobierno se mostró convencida de que "no se va a acusar" a Planas por la causa por las extracciones ilegales de agua en el parque de Doñana por las que está imputado. La Fiscalía "ya dijo desde el principio que no tenía relación con los hechos, no había intervenido y no tenía conocimiento de ellos", afirmó Celaá reiterando los argumentos esgrimidos la víspera por el propio Planas en respuesta a la petición de dimisión del PP. Ante "tanta rotundidad" del Ejecutivo al anticipar la desimputación de Planas, el portavoz adjunto del PP Carlos Floriano advierte que el Gobierno incurriría en un "caso muy claro de tráfico de influencias" si se "mueve" para que el titular de Agricultura quede libre de esa causa judicial.
