La "trama" del carbón en Lena

El propietario de la mina Carbones de Linares, Juan José Cachero, y los otros dos detenidos -hay dos personas más denunciadas por la Policía que no pasaron por los calabozos- por su supuesta vinculación con una trama de cobro fraudulento de subvenciones quedaron en libertad, sin fianza y con cargos, tras prestar, el primero, declaración en los Juzgados de Mieres. Cachero fue el único de los implicados que fue interrogado por la instructora del caso. Se declaró inocente de las imputaciones y aseguró que el carbón importado que la compañía adquirió en el puerto de El Musel «nunca se mezcló» para su venta con el extraído en Lena. Matizó que su destino era una segunda compañía perteneciente a la sociedad, ubicada en Guardo, Palencia. Siempre según el testimonio del empresario, el carbón se compraba para tratarlo posteriormente en la citada instalación y venderlo, «legalmente», a la térmica que Iberdrola tiene en funcionamiento en Guardo.

Los tres detenidos que han quedado en libertad están relacionados directamente con Carbones de Linares. Según las investigaciones realizadas por la Comisaría de Policía Nacional de Mieres dentro de la operación «Bola negra», en la supuesta trama está implicada otra empresa de transportes que se encargaba de comprar el «barato» carbón extranjero a través de una tercera firma asociada, cuyo domicilio social era un apartamento situado en Gijón. Según la Jefatura Superior de Policía de Asturias, estas firmas tuvieron «beneficios muy elevados, en torno al millón de euros anuales». La investigación sostiene que entre 2007 y 2009 adquirieron una media de ocho mil toneladas anuales. Tras, supuestamente, hacer pasar el carbón como propio, «accedieron a subvenciones por un valor acumulado de 8,7 millones de euros». Este recuento se remonta al año 2003. La Policía sostiene que más de la mitad de la producción que la empresa vendía a la térmica de Soto de Ribera era comprada en El Musel. A los tres detenidos la Policía les imputan dos delitos, el primero contra la Hacienda Pública y el segundo por falsificación de documento mercantil, expidiendo nóminas y certificados de contratos de trabajo «simulados». No obstante, según apuntaron ayer fuentes judiciales, el único cargo con el que han quedado en libertad es el de fraude de subvenciones. La denuncia recoge que sólo 12 de los 30 trabajadores que integraban la plantilla realizaban realmente labores en la mina. «El resto no la pisaba», dice el texto de la instrucción.

Juan José Cachero aseguró a LA NUEVA ESPAÑA que la actividad desarrollada en los últimos años por Carbones de Linares era «totalmente legal». Apoyó esta aseveración en que la empresa ha sido sometida a numerosos controles que superó sin contratiempos: «El Instituto del Carbón y el Principado nos han realizado varias inspecciones y nunca ha surgido ningún tipo de problema». El abogado del empresario mierense, Juan José Mansilla, relaciona lo sucedido a una confusión policial, ya que los encargados del caso «no han tenido conocimiento», según añadió el propio Cachero, «de la existencia de la segunda sociedad en León en la que se trataba el carbón comprado en Gijón para su posterior venta, sin subvenciones, a la térmica de Guardo». Mansilla matizó en este punto que la empresa tenía acuerdos con varios municipios castellanos para adquirir y tratar materiales de escombrera para su venta a la térmica de Guardo: «El carbón comercial adquirido en Gijón se mezclaba con este material para mejorar su calidad antes de llevarlo a la central». El letrado de la defensa matizó también que los 8,7 millones cobrados en subvenciones pertenecen a «un período de tiempo mucho más amplio de lo recogido en la instrucción». Juan José Cachero prestó ayer declaración en los Juzgados de Mieres por espacio de hora y media. A la cinco de la tarde, tras haber pasado la noche en los calabozos de la Comisaría, salió de las dependencias acompañado únicamente por su abogado. Una vez en libertad, quiso defender su honestidad como empresario: «La actividad de Carbones de Linares es legal y se demostrará con el tiempo», proclamó el empresario acusado. Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno afirmaron que «el caso está bien atado».