Los sueldos de los políticos

La clase política asturiana acepta y asume la necesidad de que los ciudadanos conozcan todas las actividades que realizan al margen de sus responsabilidades públicas, lo que ganan por ellas y el patrimonio que poseen, algo que ya han hecho las corporaciones de ayuntamientos como los de Oviedo y Gijón, y sólo en parte el Congreso y el Senado. Las cámaras baja y alta colgaron en su página web a qué se dedican sus miembros cuando no están en sus escaños. En el caso de los parlamentos regionales sólo tres, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, publican las declaraciones de bienes de sus altos cargos y parlamentarios. En Valencia se ha hecho recientemente.

¿Será el Principado la próxima comunidad en hacerlo? A tenor de las declaraciones de los portavoces de los tres grupos parlamentarios de la Junta General del Principado no habrá problema alguno en que así sea. La unanimidad de PSOE, PP e IU es elocuente. «Nunca hemos tenido ningún inconveniente, lo que hay que hacer es articular un procedimiento y ponerse a ello», aseguró Fernando Lastra, portavoz socialista en la Junta. Algo similar a lo dicho por casi todos los partidos en el caso de la ley del alcohol, en paro técnico desde hace meses. En todo caso, todos los diputados regionales, consejeros, viceconsejeros, secretarios técnicos y directores generales deben entregar al comienzo de su legislatura una declaración de bienes y actividades y otra a su conclusión. La de los altos cargos puede consultarse previa petición por escrito.

Tanto en el Parlamento asturiano, así como del Congreso y el Senado, las retribuciones que ingresan sus señorías son conocidas. En Asturias están congeladas desde el año pasado. Las percepciones varían dependiendo de si existe o no dedicación absoluta. De los 45 diputados, once tienen sueldos al margen de la política (6 PSOE y 5 PP). La exclusividad se paga con 2.922 euros al mes, frente a los 915 euros en caso contrario. En ambos casos hay un fijo mensual de 915 euros para gastos de manutención. Los gastos de desplazamiento se calculan según la distancia del domicilio de cada diputado a razón de un fijo de 0,18 kilómetros por treinta días. Para los que residen en Oviedo el tope es de 10 kilómetros. Todo kilometraje que exceda de este fijo no se paga. Además se les entrega un portátil y un móvil.

Hay sueldos mayores, como el de la presidenta de la Junta, María Jesús Álvarez (4.225 euros) o los de los portavoces de los grupos (3.591 euros). En el caso de IU, sus miembros pagan una cuota al partido. Conocidos los sueldos de sus diputados, los principales partidos tampoco se oponen a ir más allá y establecer un sistema, ya sea a través de la página web del Parlamento o del «Boletín Oficial», tal y como se hace en otras comunidades, para que aquel que lo desee pueda acceder a estas declaraciones de la forma más sencilla posible. «No somos contrarios a las medidas de transparencia y claridad. Lo normal es que se sepa todo», afirmó el hombre fuerte de la Federación Socialista Asturiana (FSA) en la Junta. De esta forma, los socialistas no descartan sentarse con PP e IU para acordar la manera en la que pueda sustanciarse el proceso para hacer público el patrimonio de los diputados. «Lo hablaremos con los otros grupos para ver lo que hacemos», adelantó Lastra. Este proceso ya lo han tenido que llevar a cabo los ayuntamientos de Gijón y Oviedo. ¿Por qué los políticos de unas administraciones sí y los de otros no? «Hay distintas cuestiones de procedimiento. No es que en un sitio sí se quiera y en otro no», aclaró Lastra.

Para Ovidio Sánchez, diputado y senador en la Junta General, «no hay ningún inconveniente». Como senador, Sánchez, así como Javier Fernández (PSOE), también parlamentario, ya ha visto publicada su declaración de actividades. En ella se refleja que ambos sólo perciben dietas como miembros de la Junta. En ambos casos no es así, ya que dado el sistema de retribuciones de la Junta no pueden percibir pago alguno salvo el del Senado. Y así lo han acreditado a la Comisión de Incompatibilidades a través de un escrito oficial. «No creo que si se toma la medida se moleste a nadie. En los ayuntamientos ya lo hacen», prosiguió el presidente de los populares asturianos. Sánchez va más lejos incluso que el representante del Grupo Socialista: «No creo que haga falta articular ningún mecanismo para que se publiquen las declaraciones». Para el líder popular «nadie tiene interés en que existan sospechas sobre los políticos». Al tiempo, está convencido de que dar publicidad a la vida laboral y económica de los políticos, al margen de sus cargos electos, «es una medida que se extenderá por toda España».

Jesús Iglesias, portavoz de IU, coincide con sus colegas. «No tenemos ningún problema para que se hagan públicas todas las declaraciones aquí o donde sea», aseguró. Para IU lo principal es que haya «luz y taquígrafos», por lo que seguir los pasos del Congreso y del Senado e ir más allá «es una medida de transparencia que contribuye a saber lo que se tiene o no se tiene». «Si lo hacen los diputados nacionales, ¿por qué no extenderlo a todos los parlamentos regionales?», sentencia. Desde UPyD, Humberto Rodríguez Solla, su coordinador en Asturias, a la que algunos sondeos dan la posibilidad de contar con representación parlamentaria, defiende que este tipo de medidas son de «obligación moral». Rodríguez Solla cree que estos controles no son suficientes, dado que «el patrimonio declarado por algunos políticos es poco creíble, como los 900 euros de Camps». De ahí que exija que la transparencia deba «elevarse a su máxima potencia, por eso hay que conocer el patrimonio de los cargos públicos y de todo su entorno».