Ocurrió el 23 de marzo durante la asamblea anual de la Diputación de la Grandeza, que acoge los 3.000 títulos nobiliarios que hay España. Ignacio Castillo Allende, conde de Bilbao, pidió la palabra para reclamar el apoyo de los nobles presentes al Príncipe de Asturias, pues «en su condición de heredero al trono está quedando en una posición muy difícil a raíz de la entrada en vigor de la ley de Igualdad entre hombre y mujer en la sucesión de títulos nobiliarios». Y la mayoría de la asamblea apoyó la moción.

La propuesta llegó después de que expertos en derecho nobiliario alertaran de la existencia de un buen número de nobles partidarios de que fuera la Infanta Elena, y en un futuro su hijo Froilán, quien heredase el trono de España en lugar del Príncipe Felipe, corriente de opinión a la que habría que sumar, según medios de prensa de la capital, el hecho de que un prestigioso despacho jurídico de Madrid, de orientación conservadora, también estuviera detrás una iniciativa parecida para dotar de peso la candidatura de Froilán, iniciativa que conocerían tanto el Rey Juan Carlos como la propia Infanta, según fuentes de ese bufete citadas por el diario «El Mundo».

El motivo de esa corriente subterránea sería la indignación que se ha propagado en la nobleza hacia la nueva ley de Igualdad en la sucesión de títulos, aprobada por el Gobierno el 30 de octubre de 2006, especialmente por la disposición transitoria que fija la retroactividad en su aplicación a julio de 2005. Según expertos citados por el diario madrileño, la retroactividad ha perjudicado a muchas familias porque el varón, que disfrutaba de una expectativa de sucesión a veces vitalicia, y para la cual fue específicamente educado, se encontraba de repente sin ese derecho, lo que ha traído como consecuencia situaciones adversas que, de haberse esperado a la siguiente generación, como desean esos nobles descontentos, habrían tenido efectos menos graves. De ahí que algunos nobles piensen que si los efectos de esa igualdad les ha afectado a ellos, lo justo sería que la Corona pasara por el mismo trance, lo cual traería aparejado que sería la Infanta Elena la que tuviera derecho a suceder al Rey, y no el Príncipe.

Los defensores de esta medida usan como argumento el precedente sueco: en los años 80, el Gobierno socialdemócrata dio un disgusto al rey Carlos Gustavo, que defendía que su hijo Luis Felipe tenía derechos adquiridos, y aprobó una ley de Sucesión que hacía heredera a la primogénita, Victoria. Sólo Inglaterra y España conservan la preferencia del varón. Tampoco hay que olvidar que los nobles más conservadores recibieron de uñas el matrimonio del Príncipe con Letizia Ortiz por no tener ésta sangre real y ser divorciada. Incluso surgió una Plataforma anti-Letizia Ortiz, que murió tras la boda.