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Cerca del 80% de las sentencias emitidas en 2006 fueron de conformidad con el fiscal

Más del 82 por ciento de las sentencias dictadas el pasado año por la Audiencia Provincial y los Juzgados de lo Penal fueron de conformidad con las tesis de la Fiscalía, porcentaje que se eleva al 89 por ciento si se tienen en cuenta las 1.822 dictadas en juicios rápidos a lo largo del año.

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Estos porcentajes son muy superiores a los registrados en 2005, en los que la correlación entre las penas solicitadas por el fiscal y las impuestas por los tribunales era del 52,8 por ciento.
Según el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Gerardo Herrero, aunque los porcentajes de conformidad registrados en 2006 pueda deberse a algún error informático por contabilizar en este apartado aquellas condenas con penas similares, "cada vez hay una mayor correlación entre lo que pide el fiscal y lo que dicen los jueces.
Durante la presentación en rueda de prensa de la Memoria de la Fiscalía de Asturias de 2006, Herrero señaló que el pasado año hubo 4.402 sentencias de conformidad de las 4.972 dictadas por todos todos los órganos jurisdiccionales, incluidas las de los juicios rápidos.
Precisamente, Herrero destacó la buena evolución que están teniendo los procedimientos rápidos en los juzgados de instrucción, tanto por lo que supone de respuesta inmediata a las actuaciones policiales, como por la satisfacción que supone para las víctimas.
Incidió también en que estos juicios están sirviendo para rebajar la carga de trabajo de los nueve Juzgados de lo Penal, que el pasado año dictaron 3.036 sentencias, frente a las 2.860 de un año antes.
En las tres salas de la Audiencia Provincial se resolvieron por sentencia, sumario, procedimientos abreviados o ley de jurado 165 casos, frente a los 181 de un año antes, por lo que, según destacó Herrero, "cada vez funcionan más como salas de apelación".
De los casos resueltos por la secciones de Oviedo y la de Gijón de la Audiencia Provincial, seis se hicieron mediante tribunales con jurado, procedimiento que "sigue disminuyendo sensiblemente", que tras once años cada vez es menos utilizado y que se mantiene casi exclusivamente para delitos contra la vida.
Así, en 2006, de los seis casos que se juzgaron con jurado -hay otros cuatro pendientes-, tres fueron por un delito de homicidio, uno por asesinato, uno por amenazas y uno por malversación de caudales públicos.
Herrero señaló que durante 2006 a penas hubo variación en cuanto a los delitos contra la vida que entraron en los órganos jurisdiccionales, 15 por homicidio (16 en 2005) y uno por homicidio (2).
La Memoria destaca también la disminución del número de lesiones por maltrato familiar, 787 frente a las 1.008 del año anterior, si bien se explica en la aplicación de otros tipos penales.
En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, el pasado año se incoaron dos por violación, cinco menos que en 2005, y 118 por agresión sexual, frente a las 105 registradas un año antes.
El mayor número de procedimientos incoados siguen siendo los delitos contra el patrimonio, que en 2006 ascendieron a 28.144, de los que prácticamente la mitad fueron hurtos relacionados con robos de carteras y sustracciones de artículos en grandes superficies y supermercados.
Los delitos con fuerza se abrieron 5.194 procedimientos, una cifra similar a la registrada en 2005 por lo que, según la Fiscalía se aprecia una "estabilización" en este tipo de delitos.
En los delitos de robo con violencia se aprecia un "ligero descenso", al pasar de los 571 de 2005 a los 521 del pasado año.
Los delitos contra las relacionas familiares motivaron 623 procedimientos -646 un año antes-, contra el orden público otros 616 y por conducir bajo los efectos del alcohol otros 549.
En total, según destacó Herrero, se incoaron 65.861 procedimientos por delitos, un 4,71 por ciento más que el año anterior, y otros 17.563 por faltas, con un incremento del 12 por ciento.
No obstante, incidió en que muchos de estos casos se archivan y que otros están computados dos veces como delito y como falta por lo que, según Herrero, no se puede considerar como una mayor índice de siniestralidad.
De hecho, según Herrero, hay que tener en cuenta que el aumento de los procedimientos incoados en Asturias el pasado año no coinciden con los datos policiales, que han apreciado un descenso de la delincuencia. EFE

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