Una batalla sanitaria que dura una década

Oviedo, J. A. ARDURA

El Gobierno de Vicente Álvarez Areces no ha encajado el veto de sus socios de IU a la disconformidad planteada por el Ejecutivo para que el hospital de Arriondas se incorpore al sector público. La portavoz, Ana Rosa Migoya, fue la primera en desatar las hostilidades el miércoles, tras el Consejo de Gobierno. Migoya advirtió entonces que sus socios de IU, al margen de discrepar en la cuestión de fondo, se habían saltado las formas al desoír informes de los letrados de la Junta. Y recalcó que la decisión de la coalición y del PP pondría en peligro los 300 puestos de trabajo en Arriondas.


PSOE e IU discrepan sobre el paso del Grande Covián al sector público desde hace diez años. IU siempre apostó por la inclusión del hospital del Oriente en la sanidad pública, mientras que el PSOE prefiere la fórmula actual de una fundación, que se nutre exclusivamente de fondos públicos. El PSOE sostiene que esta fórmula preserva los derechos de los trabajadores, mientras que la incorporación al sector público abre la puerta «a incertidumbres y problemas». IU y PP sostienen que el personal seguirá en la situación actual.


El Gobierno planteó en mayo su disconformidad a que el hospital de Arriondas pasara a ser público porque obligaría a modificar los Presupuestos regionales en 361.000 euros. Los letrados de la Junta General no entraron en si Arriondas debe pasar o no al sector público, pero consideraron «sobradamente fundado» el argumento de que las enmiendas de IU implican un aumento del presupuesto en 361.701 euros y, por tanto, no debían ser tramitadas. PP e IU aprovecharon su mayoría parlamentaria para desatender ese criterio y dar el primer paso para que Arriondas sea público. El líder de la FSA, Javier Fernández, restó dramatismo y mantuvo que la polémica votación no afectaría al pacto de gobierno.