Oviedo, Agencias

Murcia seguirá los pasos de la Comunidad Valenciana y pedirá, previsiblemente en septiembre, el rescate financiero para poder hacer frente a los pagos que tiene pendientes con los proveedores. Así lo anunció el presidente de la comunidad, Ramón Luis Valcárcel, en una entrevista publicada en «La Opinión de Murcia» (de la misma empresa editorial que LA NUEVA ESPAÑA), en la que adelanta que la región reclamará al Estado entre 200 y 300 millones de euros del fondo destinado para auxiliar a las comunidades autónomas. La comunidad murciana tiene que afrontar en lo que resta de año unos vencimientos en su deuda de cerca de 430 millones.

Tras el fuerte alboroto que provocaron las palabras de Valcárcel, el Gobierno murciano emitió por la tarde un comunicado en el que aseguraba que aún no ha tomado ninguna decisión firme sobre la solicitud del rescate y asegura que «lo está estudiando». El Ejecutivo asegura que el Presidente se refería en sus palabras a la emisión de «hispabonos», una figura que no existe y que el Gobierno central sustituyó por el fondo de rescate.

Valcárcel advierte de que está convencido de que las condiciones que les pondrá el Gobierno para acceder al rescate serán «durísimas». «Que nadie piense que nos van a regalar el dinero», señaló. No obstante, precisó que «en la práctica» todas las comunidades autónomas están intervenidas.

Valencia fue la primera comunidad en pedir el auxilio financiero al Gobierno español, el pasado viernes. Aunque no precisó qué cantidad reclamará, fuentes del Ejecutivo levantino aseguraron que la cifra podría llegar a superar los 2.000 millones de euros. Los vencimientos que tiene que afrontar esta comunidad hasta diciembre suman 2.883 millones.

Cataluña y Castilla-La Mancha también están estudiando las condiciones del fondo de liquidez para decidir si se acogen al rescate. Otras comunidades, entre ellas el Principado, han descartado adherirse al fondo. Galicia también rechazó ayer esta posibilidad, algo que hicieron el sábado Canarias, Extremadura, Baleares y Castilla y León.

Este fondo, de carácter temporal y voluntario, contará con una dotación de 18.000 millones, y fue creado por el Gobierno para ayudar a las comunidades con dificultades para poder acceder a los mercados de financiación. El Gobierno catalán es uno de los que está estudiando sumarse al plan. El Ejecutivo central ha sacado tarjeta amarilla a Cataluña por las dudas que hay de que pueda cumplir con el objetivo de déficit (1,5% del PIB este año). El conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, aseguró en una entrevista en el diario italiano «La Repubblica» que su comunidad está lejos de una intervención si tomamos como base la ley de estabilidad. Cataluña debe hacer frente al pago de 5.755 millones en lo que resta de año.

Asturias debe hacer frente este año a un vencimiento de deuda de 177 millones, una exigencia dura, pero inferior a la de otras regiones.