Miriam SUÁREZ

Sabino Zapico, 77 años, ebanista de profesión; Ángeles Rionda, 60 años, agricultora retirada; Amparo Castro, 71 años, ama de casa. Éstos son algunos de los promotores surgidos de las nuevas circunstancias urbanísticas de Granda. Gente normal y corriente metida «a la fuerza» en un sector empresarial que requiere saber mucha letra.

Sus propiedades están vinculadas al desarrollo residencial de Roces. Aunque ellos se han librado de las expropiaciones de Sogepsa y tendrán la posibilidad de desarrollar sus parcelas de forma privada. En la práctica, ésta es una concesión con aristas. Vecinos como Sabino, Ángeles o Amparo deberán desembolsar ahora una millonada para poder sufragar la urbanización de unos terrenos con edificabilidad muy limitada.

Lo han luchado, pero finalmente sólo podrán construir viviendas unifamiliares. Al otro lado de la carretera de Pola de Siero, sin embargo, una constructora madrileña levantará bloques de cuatro plantas más bajo cubierta. Y, en Roces, Sogepsa proyecta edificios de hasta diez alturas. «Un agravio comparativo», estima Sabino Zapico. «Es mejor que tener que desprenderte de las parcelas a cuatro duros o que te echen de tu casa, pero si nos comparas con la operación de ahí al lado -de la que nos desgajaron por interés de Sogepsa-, salimos claramente perjudicados», se suma Ángeles Rionda.

Su hermano Ceferino -administrativo jubilado, 64 años- también forma parte de la junta de compensación que la ley exige constituir siempre que una operación urbanística esté en manos de varios propietarios. Igual que José Ángel Morán, un antiguo tratante de ganado, de 59 años. Esta unión de derechos y obligaciones ha empezado ya a materializarse.

«Por suerte, en Granda hay gente estudiada y nos vamos asesorando de aquí y de allá», anota Rionda. Empezaron siendo neófitos en materia urbanística y ahora no hay quien les ponga colorados. Sus topógrafos ya están trabajando en la reparcelación de los casi 100.000 metros cuadrados que les corresponde urbanizar. Superficie con capacidad para unos 89 chalés.

A Amparo Castro, por ejemplo, le corresponden tres de esas viviendas unifamiliares. Como el resto de propietarios de la junta de compensación, lo primero para ella es «dejar situados» a los de casa; luego, «ya se verá». Algunos aspiran a vender el suelo una vez urbanizado. Otros están animados a continuar con la construcción.

Cada 1.000 metros de urbanización les costará, según los cálculos que han hecho, 9.000 euros. Aparte, tendrán que volver a escriturar sus terrenos, ahora como suelo urbano. Otros 4.000 euros por parcela. «Encima, Sogepsa quería colocarnos una torre de alta tensión en una de las unidades de actuación. Estamos como para desperdiciar suelo. De eso nada», advierte este grupo de promotores inexpertos. «Se pensaban que no íbamos a ser capaces de sacar esto adelante y no hacen más que ponernos trampas. Pero ya tenemos aval bancario y el proyecto de urbanización está redactándose», dejan caer. La mayoría tendrá que hipotecarse o vender algunas propiedades.