F. FRANCO HIJO ADOPTIVO, ALCALDE HONORARIO Y MEDALLA DE ORO
R. VALLE
«Los ayuntamientos no se pueden quedar sólo en la decisión de cambiar de nombre una calle. Hay que entrar en profundidad en el análisis del papel que tuvo determinada gente sin ser elegida». Jesús Montes Estrada, tercer teniente de alcalde en el gobierno municipal que lidera la socialista Paz Fernández Felgueroso y líder local de Izquierda Unida, es quien hace esas consideraciones en el marco del debate sobre la aplicación de la ley de la Memoria Histórica. Sin embargo, Montes Estrada no se queda sólo en las palabras ya que como concejal responsable de la Memoria Histórica va a promover que se revoquen todos los honores y títulos concedidos por el Ayuntamiento de Gijón a Francisco Franco Bahamonde y otros nueve altos cargos de la etapa franquista.
En el caso concreto de Franco, el edil de la Memoria Histórica exige la revocación de los títulos de hijo adoptivo y alcalde honorario que se le concedieron en junio de 1939 por la Corporación presidida por Paulino Vigón y la devolución de la medalla de oro que se le concedió el 18 de julio de 1962 siendo alcalde Ignacio Bertrand, quien se desplazó hasta el palacio del Pardo en enero de 1963 para hacer la entrega oficial. El alcalde alegó como mérito para la concesión «que este año se cumplen los XXV de la liberación de Gijón y terminación de la campaña del norte de España». La propuesta fue aprobada por aclamación y unanimidad. El líder de Izquierda Unida-Bloque por Asturies-Los Verdes también quiere dejar sin efecto la consideración de hijos adoptivos de Gijón que tienen en este momento José Antonio Girón de Velasco, José María Fernández-Ladreda, Carlos Pinilla Turiño y Julián Gómez Elisburu y que se devuelven las medallas de oro concedidas a Camilo Alonso Vega, Julián Rubio López, Jorge Vigón Suerodíaz, Salvador Moreno Fernández y Miguel Ángel García Lomas.
La petición sobre Julián Gómez Elisburu, vasco asentado en Gijón tras la guerra civil donde ejerció como jefe del Movimiento y concejal antes de asumir responsabilidades en el ámbito de la educación, debería llevar consigo, en la consideración del líder de IU, una reflexión por parte de la comunidad educativa sobre la bondad de que el colegio de Pumarín siga llevando el nombre de Gómez Ellisburu. Se trata de una de las escasas concesiones a personalidades del anterior régimen que se pueden encontrar en el callejero gijonés o en sus equipamientos públicos.
Hay que recordar que hace ya muchos años que la Universidad Laboral no se identifica en su nombre con Girón de Velasco, que como ministro de Trabajo tuvo protagonismo en la construcción del emblemático edificio gijonés y que desde 1990 se conoce como avenida de la Constitución la vía que recordaba al militar y político ovetense José María Fernández Ladreda. La vinculación con la Universidad Laboral fue también la razón de que la Corporación presidida por José García-Bernardo nombrara hijo adoptivo a Carlos Pinilla, quien fuera presidente del Instituto Nacional de Previsión.
A la Corporación liderada por Ignacio Bertrand Bertrand se debe la concesión, en los años sesenta del siglo pasado, de las medallas de oro a los militares Julián Rubio López, Camilo Alonso Vega y Salvador Moreno, en homenaje a los tres ejércitos, a Jorge Vigón, como ministro de Obras Públicas y a Miguel Ángel García-Lomas, director general de Arquitectura del Ministerio de la Vivienda al que se agradeció la recuperación de una capilla en la zona rural gijonesa.
La intención de Jesús Montes Estrada, que espera contar con la colaboración de su socio de gobierno en estas iniciativas, es que la revocación de estos honores sea el primer movimiento del Ayuntamiento de Gijón en la aplicación de la ley de la Memoria Histórica, donde también se estipulan fórmulas de reconocimiento personal y reparación a quienes padecieron resoluciones de la dictadura, se impulsan medidas de localización e identificación de víctimas y se otorga a las administraciones públicas la opción de tomar decisiones sobre la retirada de «escudos, insignias, placas y otras menciones conmemorativas de exaltación de la guerra civil y la dictadura». En este sentido, gobiernos, autonomías y ayuntamientos deben colaborar en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil.
Montes Estrada no quiere, por el momento, participar en una guerra de símbolos en una ciudad donde son escasas las referencias franquistas en nombres de calles o monumentos públicos ni entrar a dirimir con colectivos sociales o la Iglesia. Eso sí, el edil de Izquierda Unida recuerda que una de las posibilidades que tiene el gobierno local es paralizar cualquier tipo de ayuda económica a entidades que no hagan efectivo el espíritu de la ley. Sin ir más lejos, el edil recordó que el Ayuntamiento asumió un tercio del coste de la reforma de la basílica del Sagrado Corazón.
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