É. V.

El fiscal decidió mantener la petición de dos años y medio de prisión para Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala tras el juicio que se desarrolló ayer en Gijón y en el que el ministerio público les acusa de un delito de desórdenes públicos y otro de daños. Los sindicalistas reiteraron, como ya sucedió en el juicio al que se enfrentaron hace quince días, que se sienten «perseguidos» por la Policía y los políticos y que toda su acusación es fruto de un montaje.

Los hechos que se enjuiciaron ayer sucedieron el 28 de diciembre de 2004. Según el ministerio público, tras una asamblea en el astillero, los trabajadores salieron a la calle para manifestarse. Atravesaron el puente de Carlos Marx y de la explanada que está en la parte baja, cogieron una furgoneta y le prendieron fuego en el cruce de la carretera Vizcaína con la avenida de Portugal. La fiscalía acusa directamente a Morala y a Carnero de ser los autores de la quema del vehículo y basa su acusación en la declaración de cuatro policías, testigos de los hechos, que sin embargo no coinciden en sus declaraciones.

Dos de los agentes que prestaron declaración apuntan sólo a Morala como el autor de los desperfectos en la furgoneta. Ambos aseguraron que le vieron romper los cristales del vehículo y lanzar en su interior algún tipo de material inflamable. Los otros dos policías relataron que fue Morala el que rompió los cristales pero Carnero el que lanzó al interior de la furgoneta el objeto que hizo arder el vehículo. La diferencia entre los agentes es que los dos primeros se encontraban en la parte alta del puente y los dos segundos, que no iban uniformados, en la parte baja.

Ninguno de los cuatro agentes pudo identificar en el momento de los hechos ni a Cándido González Carnero ni a Juan Manuel Martínez Morala. El día de la movilización les reconocieron «físicamente» pero no supieron su «filiación», es decir, nombres y apellidos, hasta el día siguiente, que les vieron en los «medios de comunicación». Carnero iba con la cara tapada y se quitó el pasamontañas, explicó un agente, justo delante de ellos, momento en el que le vio la cara. Morala iba con la cara descubierta. Las fotografías de la prensa, en las que vieron la ropa que llevaban, les sirvió para identificarles.

La Policía, en cualquier caso, reconoce que no puso especial interés en identificarles hasta que no descubrieron que la furgoneta tenía dueño. «Pensamos que la habían comprado en un desguace», explicó un agente. Este es otro punto de discordia porque mientras la defensa explica que la furgoneta llevaba abandonada varios años, la fiscalía asegura que el expediente de abandono se inicia un mes después de los incidentes. El dueño del vehículo no se presentó en el juicio.

Los dos acusados niegan los hechos e insisten en el complot contra ambos. La defensa, desarrollada por el letrado Juan Prieto, acusó a los agentes de mentir y mostró su sorpresa porque la fiscalía no había retirado ninguno de sus cargos. «Le pido al ministerio fiscal un poco de dignidad», dijo.