M. S.
Al concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Gijón le gustaría que la Administración interviniese en la entrega de los pisos de protección autonómica igual que lo hace para adjudicar la vivienda de promoción pública (lo que se conoce como vivienda oficial, destinada a las economías más modestas), algo que, según Francisco Santianes, de Izquierda Unida, debería convertirse en «decreto ley» para el caso del área residencial de Roces.
A falta de una norma que lo haga obligatorio, algunas de las empresas que construirán vivienda autonómica en la zona han tomado la iniciativa de poner sus respectivas promociones a disposición del Ayuntamiento. La Empresa Municipal de Vivienda, presidida por Francisco Santianes, ha llegado ya a acuerdos con promotores que suman más de 200 pisos. «El próximo 15 de abril sacaremos una convocatoria para quienes quieran optar a esos pisos», anunció Santianes.
Lo que se pretende es elaborar una lista de espera con luz y taquígrafos. Un sorteo público decidirá quiénes pasarán a formar parte de esa bolsa de solicitantes de vivienda, con capacidad «para 500 personas, en principio».
El área residencial de Roces tendrá unas 3.700 viviendas, de las cuales el 82 por ciento serán protegidas. Este porcentaje incluye el desarrollo de 1.900 pisos en régimen autonómico, modelo que despierta gran interés entre las parejas jóvenes ahora que la crisis financiera y la pérdida de poder adquisitivo han desequilibrado el mercado inmobiliario. También habrá vivienda pública y concertada.
