«Tenemos finalizado el documento de una nueva ley de la Función Pública»

«Gijón es una ciudad más nueva

y más cosmopolita que Oviedo»

 14:49  
Ana Rosa Migoya, durante la entrevista.
Ana Rosa Migoya, durante la entrevista. ángel gonzález
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R. VALLE

Ana Rosa Migoya (Piloña, 1964) inició su andadura política como concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Piloña. Y la cultura fue también su vía de acceso al Gobierno regional. La nueva legislatura ha colocado a la diputada socialista al frente de la Consejería de Administraciones Públicas y le ha dado el trabajo suplementario de ser la portavoz del Gobierno. La Universidad Laboral, de la que, confiesa, sólo conocía la torre y el patio antes de ponerse manos a la obra para convertirla en una Ciudad de la Cultura, ha dejado de ser una de sus preocupaciones. Ahora lo son las relaciones con cerca de 35.000 personas que trabajan en la «empresa Principado»: la más grande de Asturias.

–¿Cómo recuerda el proceso de transformación de la Universidad Laboral?

–La Laboral fue un reto importantísimo porque cuando yo llegué a la Consejería lo que había era un plan director, algunos encargos de proyectos... y poco más. En cuatro años logramos rescatar del olvido un edificio soberbio que estaba en una situación de abandono partiendo del hecho de que Asturias no se podía permitir tener un activo de esa naturaleza sin una función. Yo creo que el plan de usos que se diseñó es un plan que combina muchas actividades –la cultura, el arte, la docencia, la investigación, las nuevas tendencias artísticas– pero todas conectadas entre sí y que generan una oferta cultural distinta que no existía en Asturias. Al final, se hizo un combinado que tiene muchísima potencia. A mí me correspondió la parte de obra y ahora toca desarrollar esos proyectos, vincularlos a la ciudad de Gijón y a Asturias en general, y hacerlos un éxito.

–¿A qué coste? Algunos ven en la Laboral un pozo sin fondo para los dineros públicos...

–No. Se gastaron entre 60 y 70 millones en obra civil que, teniendo en cuenta la cantidad de metros cuadrados sobre los que se actuó, genera una relación buenísima entre euros y metros cuadrados. En otros sitios de España se están poniendo en marcha complejos de esta naturaleza con cifras que superan con creces ésta. En Galicia, sin ir más lejos, el proyecto supera los 500 millones. Y sólo en la obra civil. La Laboral mereció la pena y es una inversión muy buena de dinero público.

–¿Y a partir de ahora?

–Otra cosa es el mantenimiento, la actividad y el gasto en los ejercicios próximos de todos los centros, unos dependientes del Principado y otros no. Hay que tener en cuenta que el Principado era, hasta ahora, la única comunidad que no tenía algún equipamiento cultural de titularidad autonómica. Se buscó, además, una oferta distinta. Oviedo tiene una alternativa cultural más clásica, pero Gijón es una ciudad más nueva y más cosmopolita. Y eso hacía que fuera una buena opción apostar por las nuevas tendencias artísticas, por el arte de vanguardia, y arriesgar al poner en marcha espacios de creación contemporánea. Otra carencia que tenía Asturias.

–No ha faltado la polémica.

–Estas actividades de arte de nuevas tendencias cuesta asentarlas en la población y en un sitio como Asturias, más porque no tenemos una sociedad acostumbrada. Va a costar un poquito. Tendremos que ir poco a poco viendo cómo se desarrolla la experiencia y corrigiendo las deficiencias que veamos. Hay algunas críticas a la programación, pero yo creo que es el primer año y que se corregirá lo que se vea que no funciona. El Gobierno no tiene ningún empacho en reconocer que de la experiencia se va a aprendiendo y que hay que corregir lo que se ve que no nos va bien.

–¿Cual es su reflexión sobre la defensa de Gabino de Lorenzo de la capitalidad de Oviedo y su exigencia de que los órganos de gobierno estén en la capital?

–Fue la reaparición de Gabino tras la aventura electoral y la gran derrota que sufrió en las urnas, cuando pensaba que era el gran activo del PP en Asturias. Y su reaparición fue, nuevamente, envuelto en la bandera del localismo y tratando de acantonarse en ese espacio, en el que se desenvuelve bien, del enfrentamiento entre las ciudades de Asturias. Yo siempre he dicho que las tres ciudades de Asturias no compiten, son complementarias. La capitalidad de Oviedo ni está en cuestión, ni en tela de juicio, ni en peligro, porque está profundamente arraigada en la médula de los asturianos. Las sedes institucionales, que son el Presidente y el Consejo de Gobierno, no van a cambiar de ubicación: están y seguirán estando en Oviedo. Por eso me parece que Gabino plantea un debate artificial que sólo busca ocultar otros asuntos sobre los que tenía que dar bastantes explicaciones en Oviedo, como el proyecto de las torres de Calatrava, el pago de la expropiación de «Villa Magdalena», su patrimonio personal... Ésas son las cosas que trata de tapar tratando de confrontar a las instituciones y ciudadanos de Oviedo y de Gijón.

–¿El Gobierno regional apoya la descentralización?

–El Gobierno de Asturias seguirá poniendo servicios cerca de los ciudadanos en muchos lugares de Asturias. Las sedes institucionales estarán en la capital, pero otras entidades pueden estar en cualquier parte.

–¿Hay que cambiar el Estatuto para que el Consejo Consultivo se mantenga en Gijón?

–La sede del Consejo se decidió por decreto del Gobierno y hay un informe jurídico de los letrados que indica que es una cuestión de opción. Sobre la ubicación de los órganos auxiliares se tendrá que llegar a un acuerdo en la ponencia estatutaria. Un acuerdo en el que el Gobierno no entra porque lo que decidan los grupos parlamentarios tiene el máximo respeto para nosotros. No como para Gabino, que quiere interferir en la discusión de la reforma del Estatuto cuando todos estamos allí debidamente representados. El Gobierno confía en el papel que va a hacer el Grupo parlamentario Socialista y en la capacidad y competencia de todos los grupos parlamentarios que realizan ese trabajo.

–Ahora mismo la Administración autonómica tiene en obras la Escuela de Peritos de Gijón, ¿con qué destinos?

–Hay una parte incluida en la ampliación del colegio público y el resto está en la idea de tratar de acercar a los gijoneses los espacios de gestión administrativa.

–¿Cómo se conjuga esa idea de abrir oficinas cada vez más cerca a los ciudadanos con la realidad del uso de las nuevas tecnologías? ¿La Administración duplica esfuerzos?

–Hay que hacer las dos cosas porque hay algunos servicios que, por su naturaleza, el público al que van dirigidos o la zona, debemos acercar, pero ya tenemos 1.135 trámites que se pueden hacer por internet. Un ejemplo: el 82,7% de las 4.400 solicitudes de «cheque-bebé» se hizo por la web, vía sms o a través del 012. Eso significa que hay una penetración muy importante del uso de esas herramientas. Y ese uso queremos potenciarlo y queremos ayudar a la Administración local a que lo haga también.

–¿Cómo?

–Hemos creado el Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos. Y de los 71 ayuntamientos que pueden participar, porque es para municipios menores de 20.000 habitantes, ya hay más de sesenta comprometidos. Los municipios pequeños corren el peligro de quedarse descolgados y nosotros podemos ayudarlos a través de este consorcio, que puede acceder a fondos europeos, a recursos estatales... El Gobierno autonómico también aportará recursos y va a crear un equipo técnico de apoyo a los ayuntamientos para que desarrollen la «e-administración» tanto en el ámbito de sus procedimientos internos como para que pongan servicios a disposición del ciudadano.

–¿También se va a invertir en infraestructura?

–Hay un capítulo de inversiones. Tenemos el proyecto, para estos cuatro años, de llevar la red de fibra que hemos llevado a las Cuencas a todas las localidades de más de mil habitantes. En la ley de crédito extraordinario que presentamos en la Junta tenemos ya planteado Llanes, Nava, Infiesto y Arriondas.

–¿Y donde no llegue la fibra?

–De momento, satélite. Otro de los créditos extraordinarios es para subvencionar el equipamiento, porque el problema del satélite es que la infraestructura que tú tienes que comprar en tu casa es muy costosa. Daremos subvenciones de hasta un 80% para comprar los aparatos, que cuestan unos 700 euros, de quienes quieran conectarse al satélite porque en su zona no llegue otro tipo de tecnologías. Eso nos soluciona hasta que en 2010 tengamos una red multiservicio pública. Esa red la vamos a poner en marcha con un crédito de 35 millones de euros que nos acaba de conceder el Ministerio de Industria y que nos permite construir una red de difusión de la TDT propia en Asturias para llegar hasta el último rincón. La red no va sólo a soportar la televisión digital, sino que vamos a poder llevar internet de banda ancha.

–¿Cuántos funcionarios tiene Asturias ahora mismo?

–Estamos cerca de los 35.000. Una cifra que superaremos cuando lleguen las transferencias de justicia.

–De lejos, la primera empresa de Asturias...

–De lejísimos.

–Los funcionarios de Educación sostienen que ustedes han establecido un mayor control sobre su área. ¿Cuál es la filosofía de su Gobierno sobre la función pública?

–En esta legislatura el Gobierno se planteó tener una Consejería de Administraciones Públicas con todas las competencias en materia de personal y de negociación colectiva. El volumen y el gasto en personal es muy importante y, como cualquier empresa responsable, se tiene que ejercer un control. Es cierto que tradicionalmente Educación tenía su propio departamento de recursos humanos y su propia negociación colectiva, pero eso cambió con el Estatuto Básico del Empleado Público, que entró en vigor en mayo y suprime las mesas sectoriales para crear una sola mesa general de negociación de la Administración. El marco de la negociación lo cambió una ley básica del Estado, no es que yo no quiera que la mesa sectorial no se reúna. Las cosas han cambiado y deben entenderlo así. En Educación, con 12.000 efectivos distribuidos por todo el territorio, se mantiene un núcleo de gestión de personal: pero no de la gestión administrativa, sino de aquello que tiene que ver con el día a día de la relación con los centros. Yo comprendo que las organizaciones sindicales tengan su opinión, pero nosotros estamos en nuestro derecho de buscar la estructura organizativa que creemos que es más eficiente para los intereses generales. Y creemos que es ésta. Los sindicatos también hacen caballo de batalla de que ahora las pruebas de selección las haga el Instituto de Administración Pública Adolfo Posada, pero igual que para el resto de la Administración del Principado de Asturias. La filosofía del Gobierno es que Educación no es un mundo aparte.

–También hay movilizaciones ante el pago del complemento de la carrera profesional. ¿Cómo se gestiona?

–La carrera profesional surgió en España para las carreras sanitarias, que son las que la tienen regulada y tienen una legislación específica. El Gobierno de Asturias expresó la voluntad, y la puso en marcha, de extender el derecho a la carrera a todos los empleados públicos. Somos la única comunidad que ha hecho esto y creo que es un esfuerzo, económico y organizativo, que hay que reconocernos. Si algún colectivo interpreta la carrera como una subida salarial, es un error. No lo es. La carrera lleva consigo un incentivo económico, pero va ligada a unos objetivos de organización y de búsqueda de la eficiencia y lleva pareja una evaluación del desempeño. Es un gran reto. En Sanidad se desarrolló de manera más rápida, porque ya estaba regulada, y en el resto de la Administración se planteó la adhesión voluntaria. Quienes no lo hicieron tuvieron la opción de elegir, no se adhirieron y ahora nos reclaman cobrar. Es incomprensible. Algunas organizaciones sindicales promovieron una campaña de no adhesión a la carrera. Lo respeto, pero si hubo trabajadores que no se adhirieron siguiendo esas consignas ahora no pueden pretender que se les trate igual que a quienes asumieron el compromiso.

–¿No es irregular dar un complemento económico por una carrera que no está desarrollada?

–No es irregular. La falta de legislación se compensó con una resolución que expresaba la voluntad de iniciar la carrera en el primer tramo con un pago a cuenta y la Administración tiene ahora la obligación de desarrollar el modelo de evaluación. Allí se establecerán los objetivos y las metas a alcanzar, y si se consiguen o no por parte de cada trabajador.

–¿Para cuándo?

–Está en una fase muy avanzada. Tenemos prácticamente el documento finalizado y en pocas semanas estará publicada en el «Boletín Oficial» la evaluación a la que tendrán que someterse todos los que se adscribieron a la carrera profesional y están cobrando el grado uno. Y estamos también en una fase muy avanzada de elaboración de una nueva ley de la Función Pública en Asturias que, entre otras cosas, fije el desarrollo de la carrera profesional. La ley de la Función Pública es un texto complejo que nosotros queremos negociar con las organizaciones sindicales antes de presentarla en el Parlamento, para que lleve un respaldo sindical y sea una ley consensuada. Será la herramienta de dirección de los empleados públicos en las próximas décadas. Es una norma muy importante.

–¿Y va a cambiar la percepción de la ciudadanía sobre el trabajo de los funcionarios?

–Hay muchos profesionales muy involucrados en su trabajo que son el gran activo que tenemos. Yo creo que los incentivos profesionales que van a tener van a ser también un acicate para que ese trabajo se pueda mejorar de cara a hacer una Administración más eficiente para el ciudadano.

–¿Qué pasó con la transferencia de justicia?

–Nos separó una diferencia pequeñísima a partir de un poco de cerrazón del Ministerio y no la quisimos aceptar en esas condiciones económicas. La diferencia era pequeña, pero para toda la vida, porque la transferencia se negocia una vez, pero es para siempre. Ahora habrá que esperar a que pase el conflicto laboral y se vuelva a organizar el Ministerio.

–Y en sanidad, ¿qué pasa?

–Es un área de mucha complejidad y mucho gasto. En Asturias desde la transferencia se han mejorado notabilísimamente las retribuciones del personal. Ahora, con los datos en la mano de esas mejoras en dinero y jornada laboral, queremos que se traduzca en una mejora en el servicio al ciudadano. Si somos los mismos habitantes y gastamos más en el sistema, la lógica nos dice que el ciudadano debe recibir una mejor atención. Como Administración, ¿cómo no vamos a defender que el ciudadano pueda acudir al centro de salud por las tardes? Teniendo en cuenta que la sociedad cambia, que los horarios de trabajo son más flexibles.. tenemos que dar facilidades a la gente. Yo llamaría a la reflexión a los profesionales sanitarios. Esta Administración ha sido extremadamente sensible a las demandas del personal sanitario y ellos lo saben mejor que nadie. Hagamos, pues, un sistema que tenga la máxima calidad y la máxima eficiencia para la gente. 

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