M. D.
La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) exige a las autoridades sanitarias más interés y mecanismos de control para evitar que sustancias potencialmente peligrosas, como el producto recién retirado, Depuralina, lleguen a manos del consumidor, según informó ayer la entidad en un comunicado.
La CECU recuerda que el producto llevaba meses incluido en la publicidad de los medios de comunicación como una sustancia que permitía a los consumidores bajar su peso, lo cual le hacía incurrir en una nueva irregularidad, ya que el Real Decreto 1907/1996 establece que se prohíbe la publicidad o promoción de productos que «sugieran propiedades específicas adelgazantes o contra la obesidad».
En este sentido, la CECU denunció que las autoridades sanitarias podían haber actuado antes contra la empresa y señaló que se podía haber evitado así una amplia campaña mediática que ha podido poner en riesgo la salud de los consumidores. Las autoridades portuguesas han descubierto efectos sobre la salud por la toma de este producto, como anafilaxis y problemas graves de hígado, por lo que, según la asociación, es evidente la necesidad de evitar que puedan llegar a la venta productos peligrosos que, además, se publicitan como beneficiosos para la salud. La CECU señaló que esta situación redunda en lo que ya puso de manifiesto a través de su estudio de productos con supuestos efectos adelgazantes, en el que se analizaban casos y productos similares y que concluía que, más allá de estos productos (que ofrecen información confusa, publicidad agresiva y engañosa y efectos casi milagrosos), una dieta equilibrada es suficiente para mantener un peso adecuado y saludable.
Por otra parte, el portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, criticó que el Ministerio de Sanidad no actúe contra la publicidad «ilegal» de productos adelgazantes hasta que se registran efectos adversos en la salud de los ciudadanos. Sánchez hizo estas declaraciones tras conocerse la decisión del Ministerio de inmovilizar Depuralina. Facua considera que el departamento que dirige Bernat Soria debería haber actuado antes de que se produjeran incidentes porque la legislación española prohíbe «expresamente» la publicidad de productos adelgazantes.
La organización recuerda que la Administración sanitaria, tanto central como autonómica, debería proceder «de oficio» en estas ocasiones, «muy especialmente si los productos se publicitan en grandes medios de comunicación de difusión nacional». «El real decreto se ha quedado en el BOE», lamentó Sánchez, quien incidió en que Sanidad «no ha aprendido la lección ni se ha puesto las pilas».
