Los dineros de los políticos

 
Los dineros de los políticos
Los dineros de los políticos 

JOSÉ MARÍA RUILÓPEZ Qué clase de ciudadanos somos que permitimos a los políticos ocultar sus ingresos de modo interesado? La disputa entre los dos partidos mayoritarios del Ayuntamiento de Gijón en cuanto a sus ingresos y propiedades particulares es una más de las que han surgido siempre en este ámbito de lo público. Algunos concejales hablan de la necesidad de transparencia en la presentación de los bienes individuales. Pero no confundamos la transparencia, que es una propiedad óptica de la materia, con el registro de la propiedad, las cuentas corrientes o los variados cauces de ingresos mensuales. La declaración de bienes de los cargos públicos cuando acceden a ellos debe ser rigurosa. Lo mismo que debiera serlo cuando los abandonan.
Así lo hacen los senadores y así deben hacerlo todos los demás políticos.
Es llamativo el enfrentamiento que aparece de vez en cuando con ocasión de subidas de las remuneraciones a los miembros de las corporaciones municipales. Es de escándalo que el alcalde de Oviedo sea uno de los que más cobran de España. En este sentido, tiene que haber una normativa donde los ingresos sean por número de habitantes de cada municipio en cuestión. En el caso gijonés en concreto llaman la atención las dietas y cobros por asistencia a plenos y demás actos administrativos, como si a los trabajadores en general se les incentivara, aparte del salario mensual, por cada día que acude a su oficina, su mostrador o su fábrica, cuando ésa es su primera función y forma parte de su trabajo. O los entramados participativos de asistencia y pertenencia a empresas medio públicas, coparticipadas, o de identidad financieras, como Cajastur, donde hay una urdimbre de cargos y dineros que responde a todo menos a la transparencia que el contribuyente debiera exigir de modo inmediato. Y que con el paso de los años parece algo normal y asumido cuando no tienen nada ni de una cosa ni de la otra.
No hay ninguna actividad laboral donde los empleados se adjudiquen los sueldos a su antojo. Ni se suban las nóminas a primeros de año en un porcentaje a capricho de los propios interesados. Cuando hay asuntos laborales preocupantes que afectan a una parte de los contribuyentes, como ahora los funcionarios de justicia, la gente sale a la calle en protesta y lucha defendiendo derechos o argumentado causas. Pero cuando la clase política en general maneja los dineros de todos para su propia manutención con un cierto secretismo, el cual no existe en las nóminas de los asalariados, conocidas por la Agencia Tributaria, nadie sale a la calle protestando por ese modo de cobrar por unos servicios unas cantidades muchas veces excesivas, en otros momentos injustificadas y en ocasiones inmerecidas. Y da la impresión que sus abultados sueldos sirven para afianzarse en el poder, para crear más poder para ellos mismos y para intentar perpetuarse en los cargos más allá de la edad racional de la jubilación, sobrepasando la de cualquier trabajador. ¿Será por la nómina?

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