Eloy MÉNDEZ
Un llamamiento a la responsabilidad del funcionario público a la hora de autorizar la firma de una hipoteca inversa. Eso hizo ayer el notario gijonés Ángel Aznárez en su intervención durante el IV Seminario de experto documental en notarías y registros que reunió en un hotel de Gijón a medio centenar de oficiales de notaría. Aznárez, que ofreció una conferencia bajo el título «La hipoteca inversa, beneficios y problemática actual», defendió la imparcialidad notarial al asegurar que «el notario no puede aliarse con una parte, la más fuerte, sea Banco o Caja de Ahorro, y olvidarse de la otra parte que tanto ignora, merecedora de una adecuada atención».
La hipoteca inversa o pensión hipotecaria es un préstamo que permite a las personas mayores de 65 años o que padezcan una dependencia severa recibir al mes una cantidad adicional a su pensión en un plazo de entre diez y veinte años a un interés fijo negociable. El importe que el cliente recibe varía en función de la tasación de su vivienda, de la edad del solicitante y de la forma en la que haya elegido recibir el dinero. «Por exigencia de la honestidad intelectual manifiesto, sin ser denuncia o acusación, que tanto las instituciones financieras como los notarios han de cumplir las legales obligaciones de informar lo que se va a firmar y aclarar sus respectivas atribuciones», afirmó ayer Aznárez ante un auditorio que recibió con entusiasmo su proclama.
El titular de una hipoteca inversa no pierde su vivienda ni deja de ser el único propietario, ya que su patrimonio pasa a sus herederos tras el fallecimiento de su dueño. Los herederos, una vez fallecido el titular, deberán hacer frente a la devolución de las cantidades que el difunto haya recibido. Ante esta situación pueden optar por quedarse con la vivienda, por lo que deberán devolver con su dinero la cantidad que su benefactor haya recibido. Pero también pueden vender la vivienda, por lo que se abonará la deuda contraída por los titulares de la hipoteca inversa.
Aznárez se dirigió en su exposición de ayer «como ciudadano, consumidor y notario» no sólo a sus compañeros de profesión, sino también «a los defensores del cliente en los bancos, a las comisiones de control de las cajas de ahorro, a los políticos progresistas que son miembros de los consejos de administración respectivos y al Gobierno». El notario gijonés hizo un repaso por las condiciones necesarias para poder firmar este nuevo tipo de hipoteca y recalcó especialmente las características que debe reunir el solicitante. «En el tema de la dependencia hay que estar especialmente atento», alertó.
En este sentido, destacó que debe ser la comunidad autónoma la que «debe expedir un comunicado con el grado de dependencia de una persona». También hizo alusión a los problemas de capacidad de una determinada persona a la hora de hacer frente a este tipo de préstamo bancario.
«Es preciso saber lo que cobran todos, incluidas las llamadas gestoras de los documentos hipotecarios, para que en sus honorarios no se disimulen comisiones no permitidas o no pactadas de antemano con el que recibe el préstamo o crédito», aseguró ayer Aznárez, para añadir que «hay que saber qué vínculos y de qué tipo tienen esas gestoras con los bancos y cajas de ahorros y con sus directivos, como la ley lo exige para las sociedades de tasación».
El ponente también quiso destacar que este tipo de hipotecas sólo pueden afectar a la vivienda habitual y no «a otras viviendas» y recordó que deben ser firmadas, preferentemente, con el consentimiento de los herederos. «En estas hipotecas no caben las que lo son por deuda ajena», afirmó.
Al seminario acudieron también otras destacadas figuras del ámbito notarial asturiano, como el delegado del Colegio Notarial de Oviedo, José Antonio Caicoya, o el registrador de la propiedad y ex político de UCD Emilio García Pumarino.
