Funcionarios en tierra de nadie

Un matrimonio de maestros recurre al Defensor del Pueblo para reivindicar igualdad de trato y gestión entre autonomías

25.04.2008 | 00:00
Rosario Martínez y su esposo, Francisco Marco.
Rosario Martínez y su esposo, Francisco Marco.

La cumbre astur-gallega del pasado fin de semana no llevaba en agenda cuestiones relativas al buen engranaje de las administraciones autonómicas. Pero, a juicio de Rosario Martínez y Francisco Marco, hace falta esa revisión. El matrimonio logró, este curso, poner fin a muchos años de «exilio» forzoso en Galicia con dos plazas de maestros en Gijón. Desde su vuelta viven en tierra de nadie y van camino de pedir el amparo del Defensor del Pueblo.

Ana RUBIERA«Ni venimos del Congo, ni de una República independiente. Venimos trasladados de Ribadeo. Pero, para los efectos, como si fuera del Congo».Rosario Martínez y Francisco Marco, ambos maestros (ella, en el Colegio Elisburu, y él, en el Jacinto Benavente), han conseguido, después de varias décadas y mucho sacrificio, la reunión familiar en terreno asturiano. Catorce años llevaba Paco Marco como funcionario en Galicia (antes pasó como interino por Salamanca, León y Asturias), y los últimos siete, acompañado por su mujer, que dejó su plaza fija de Asturias por estar con su esposo. En el concurso de traslados de 2007 ambos lograron, por fin, dos plazas en Gijón, la que consideran su ciudad familiar y a la que ansiaban volver. Pero el sueño lleva trazas de convertirse en una pesadilla administrativa por el «nefasto funcionamiento» de la Administración regional, dicen.Charo Martínez y Paco Marco viven en carne propia los desajustes de la España de las autonomías. De ahí que ya tengan preparadas cartas de súplica y protesta al Defensor del Pueblo, la ministra de Educación y la de Administraciones Públicas, para ver si su lamento encuentra eco en alguna parte. Ya saben que en Asturias sus voces y sus razones se ahogan «de ventanilla en ventanilla», dicen.Sus problemas tienen dos causas: una, la de venir de una comunidad que tiene el gallego como idioma cooficial, y la otra, llegar a una comunidad que ignora y anula toda su trayectoria como funcionarios del Estado. Con una y con otra, les queda la misma sensación: «que las administraciones hacen sus normas al margen de los ciudadanos y de espaldas a otras comunidades». Y, que se tenga constancia, en la última cumbre astur-gallega nada se avanzó en este asunto.Su frente de batalla empezó con la carrera profesional, que estaba de plena actualidad cuando ellos se incorporaron a la nómina de la Administración asturiana. «Hasta el mes de agosto éramos funcionarios de la Xunta y el 1 de septiembre ya pasamos a depender del Principado. En ese momento se estaba procediendo a firmar la adhesión a la carrera docente y preguntamos en qué consistía», explica Rosario Martínez. Tuvieron que asimilar que era una adhesión sin contenido, ya que los compromisos asociados aún no estaban desarrollados, pero tanto por el complemento económico que suponía (1.700 euros anuales para los maestros) como por la masiva firma que estaban haciendo sus compañeros, también ellos decidieron suscribir la carrera. «Pero no hemos podido hacerlo. Nos dicen que no tenemos derecho. Hemos ido con nuestro caso pasando de un piso a otro de la Consejería de Educación, sin que nadie nos dé información ni argumentos», cuentan. Que si no eran funcionarios asturianos a 1 de enero de 2007, que si no tenían cinco años de servicio en la Administración regional (cosa incierta, ya que Rosario trabajó con plaza de funcionaria en Asturias casi una década), que si era un complemento para maestros con antigüedad...«Cada contestación que nos daban era más kafkiana, por no decir que alguna era insultante. Un funcionario llegó a decir que quién nos había mandado volver», apuntan. «En Galicia, cuando trasladaron mi expediente de funcionaria asturiana, nadie me puso pegas; incluso me pagaron complementos específicos de allí que se habían logrado años anteriores», compara.A Paco Marco le ofende que «ni siquiera nos han dejado opción a participar o no en la carrera. Si todos accedemos a la función pública de igual forma, ¿por qué nos discriminan? Para mí es incomprensible», sostiene. También le deja perplejo que la Administración deje fuera de la carrera docente -que se supone que se desarrolla para buscar la excelencia y generar compromisos que pongan en valor la función pública- a algunos maestros que estarían dispuestos a incluirse, con lo que implica. Además de sentirse excluidos y discriminados y de haber sufrido la pérdida de poder adquisitivo desde su traslado de Galicia, también están atrapados por una dinámica perversa de falta de colaboración entre autonomías. «Todos los cursos de formación, talleres y trabajos realizados en Galicia estos años no se nos convalidan automáticamente, porque toda la documentación está en gallego», cuenta Rosario. Tras otro periplo por ventanillas, ya saben que necesitarán una traducción oficial para algunos documentos, que un tribunal volverá a evaluar algunos de sus cursos y la actividad formativa realizada para determinar si cuenta o no en su trayectoria de funcionarios, y que, en el peor de los casos, algunos trabajos que sí puntúan en la comunidad gallega no les serán reconocidos en Asturias. Como la coordinación de actividades extraescolares, que Marco ejerció durante varios cursos en su colegio de Ribadeo, o la coordinación de ciclo, que en Asturias sólo puntúa si son centros de más de 12 unidades. «Son figuras de responsabilidad que en Galicia tienen su compensación» en la hoja de servicios de los funcionarios, explica el matrimonio. Pero no en Asturias.Marco ha echado cuentas, y con sus méritos depurados según el baremo asturiano, perdería 10 años en la puntuación del concurso de traslados. O sea, que «no habría podido volver», dice. Charo Martínez, a su vez, reflexiona sobre qué dificultad entraña «traspasar íntegramente expedientes de un comunidad a otra sin problemas. Al final, hemos sido en Galicia lo mismo que seremos aquí, funcionarios públicos de Educación».

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