M. SUÁREZ

Más de un centenar de alegaciones, y dos de ellas ponen en duda la legalidad del plan especial para la penetración del ferrocarril en la ciudad. El que fuera líder del PP gijonés y senador, Isidro Martínez Oblanca, firma uno de los recursos que denuncian «el flagrante incumplimiento» de los fines recogidos en el planeamiento urbanístico gijonés. Es sólo el principio de la última alegación recibida -se envió ayer por la tarde por correo- en el registro de la antigua Pescadería Municipal:

Vulneración de la normativa. Martínez Oblanca considera que el plan especial «hurta» los principios del convenio que el Ministerio de Fomento, el Principado y el Ayuntamiento de Gijón suscribieron en 2002. Un convenio que ha dado origen a la operación que se está tramitando y cuyos objetivos vienen recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana. El proyecto sometido a información pública «vulnera» los fines de la operación y, por tanto, «ni desarrolla ni se somete a las prescripciones urbanísticas vigentes».

Preferencia «total» a las plusvalías. También reprocha que con este plan «se hayan invertido las prioridades» que impulsaron el soterramiento ferroviario. Según Isidro Martínez Oblanca, «ahora los aprovechamientos del suelo tienen preferencia total frente a los intereses públicos», de forma que «los aspectos ferroviarios quedan subordinados a los intereses urbanísticos». Lo que, según su opinión, «disparará» la repercusión de ese suelo sobre el precio final de cada vivienda construida. Las plusvalías que se obtengan de la venta de las parcelas edificables sufragarán la eliminación de las vías entre El Humedal y Moreda. En el ámbito de actuación, en principio de 168.000 metros cuadrados y luego ampliado a 205.000, están previstos unos 1.300 pisos.

Objeciones a la estación intermodal. Las tres administraciones implicadas en esta operación apuestan por construir la futura estación intermodal de Gijón semisoterrada y a la altura de Moreda. «Desaparece», así, la idea de hacer una terminal totalmente subterránea en El Humedal, que «tenía un compromiso inversor del Principado de siete millones de euros», recuerda Martínez Oblanca. Esa idea se remonta a la época en que el asturiano Francisco Álvarez-Cascos era ministro de Fomento. «Se está impidiendo la centralidad del transporte ferroviario», critica Martínez Oblanca, convencido de que «las condiciones ferroviarias para la ciudad se están apartando del modelo establecido por la Unión Europea». Y añade: «Transcurridas dos décadas desde que se empezara a hablar de una nueva estación -que agrupará trenes y autobuses- se desperdicia la gran oportunidad de acometerla de forma subterránea y central».

Sin oportunidad para el AVE del Cantábrico. Incide, además, en que el diseño elegido por Gijón al Norte, sociedad pública que tutela y gestiona la operación, «margina a la ciudad del futuro AVE del Cantábrico». Tal como está planteado el soterramiento de las vías, la penetración del ferrocarril en la ciudad quedará limitada a los trenes de Feve y a los de cercanías de Renfe. A Gijón sólo podrá llegar la Alta Velocidad procedente de Madrid, pero no podrá ser estación de paso del AVE del Cantábrico. «Ha desaparecido la oportunidad de una mejor comunicación con la cornisa cantábrica y con Europa que aprobó el Consejo de Ministros en febrero de 2003 con la planificación del corredor ferroviario Ferrol-Asturias-Cantabria-Bilbao, infraestructura dotada con varios miles de millones de euros», recrimina.

La barrera ferroviaria. Además de «triturar» el convenio original que el Ayuntamiento y el Principado firmaron con Cascos, en la alegación presentada por Isidro Martínez Oblanca se mete el dedo en la llaga de la barrera ferroviaria. Según reza su recurso, el problema se resuelve en la zona centro, pero «se endosa» a barrios como Moreda, La Calzada y Veriña. Que el soterramiento llegue hasta Veriña es una reivindicación histórica del movimiento vecinal gijonés. El plan de las vías lo cumple a medias, algo que reprochan la mayoría de alegaciones presentadas en el Registro Municipal. «Se están dificultando las posibilidades futuras de crecimiento, intercomunicación y permeabilidad de la zona Oeste, lo que afecta a decenas de miles de habitantes», apostilla Martínez Oblanca en el tramo final de su escrito.