Albina FERNÁNDEZ
La asamblea de Poniente rechazó ayer el plano de ubicación de los elementos de la «Semana negra» y la ocupación de la playa pero aceptó, con una sola abstención, albergar el popular evento de principios de julio, «exclusivamente por este año», si el Ayuntamiento acepta tres condiciones: una es renegociar el citado mapa; la segunda, que la Alcaldesa firme un decreto municipal vinculante garantizando que la «Semana negra» estará en Poniente sólo este año; y la tercera, que presente un estudio sobre los ruidos y los inconvenientes que supondrá la celebración del evento.
Estas condiciones serán negociadas durante por la directiva de la Asociación de Vecinos, presidida por Manuel Ángel García Baragaño con la representación municipal, y a finales de la próxima semana volverá a reunirse la asamblea para tomar nuevas decisiones. El acuerdo adoptado ayer fue que si el Ayuntamiento acepta estas condiciones se negociarán asuntos como la seguridad, el tráfico por la zona y la entrada y salida a las viviendas y garajes. Si, por el contrario, las condiciones vecinales son rechazadas, se recurrirá a la vía judicial para impedir su ubicación en Poniente.
En este tiempo las distintas comunidades vecinales se organizarán para recaudar el dinero necesario con el fin de tener provisión de fondos por si fuera necesario recurrir a la vía judicial. Otra vía que se abrirá será la de recabar el apoyo de las asociaciones vecinales del centro, Cimadevilla y Moreda, que también sufrirán los problemas de la fiesta.
La asamblea estuvo asesorada por el letrado Marcelino Abraira, que ya ganó al Ayuntamiento esta misma batalla en El Pisón y en El Molinón. El abogado criticó que el Ayuntamiento no deje tiempo para presentar un recurso contra la ubicación en Poniente, advirtió de que no se podrán utilizar los mismos argumentos que triunfaron en el edificio «Gacela» (El Molinón) «porque cambió la ordenanza municipal», y reconoció que hay «pocas posibilidades» de que el juez suspenda este año el evento, «aunque con vistas al futuro creo que se podría lograr tanto por la vía de hecho como por la de los derechos fundamentales».
El letrado advirtió también a la asamblea del «peligro» que supone creer en las palabras de los responsables municipales y de la «Semana negra» «porque no cumplen nada de lo que prometen», y que «lo único que entienden» son las sentencias judiciales.
El clima de la asamblea fue de clara oposición al proyecto porque «no nos gusta que nos pongan lo que no quieren otros», y no faltaron voces que propusieron extender la posible judicialización de la «Semana negra» a otros eventos, incluida la semana grande de las fiestas patronales, porque «empezamos las fiestas con la foguera de San Juan y no las acabamos hasta finales de agosto».
Entre las principales preocupaciones vecinales figura, por una parte, que el número de visitantes, cerca de cien mil al día, no disminuirá, aunque sí habrá la mitad de espacio que en El Molinón, y, por otra, los posibles desperfectos en los edificios que, de producirse, reclamarían al Ayuntamiento.
