Discreto Presidente José Luis Iglesias Álvarez Del polígono de Lloreda Teresa Díaz, Marino Rodríguez y Luis Hevia

 



Me estoy refiriendo al ex presidente Leopoldo Calvo Sotelo, segundo Presidente de la España constitucional. Aunque no fue elegido en las urnas, tuvo el apoyo de su partido, Unión de Centro Democrático (UCD), tras la dimisión de Adolfo Suárez. Nacido en Madrid en 1926, fue el presidente del Gobierno de menor duración de la democracia, entre febrero de 1981 y diciembre de 1982. A Leopoldo le correspondió la difícil tarea de gobernar en el tránsito de la dimisión de Adolfo Suárez y la arrolladora victoria de Felipe González (PSOE) el 28-10-1982.


Su investidura se recordará siempre por ser él quien necesitó dos votaciones para ser elegido por mayoría simple y sobre todo, por la intentona golpista del 23-F. En unas circunstancias marcadas: por el ruido de sables, la inclemencia terrorista, los maximalismos de distintas cuñas, las exageraciones nacionalistas y la crisis económica, el Presidente, con su equipo de Gobierno, hizo frente a los restos del franquismo desde una posición moderada pero firme. Él, como Presidente, y el conjunto de los demócratas, partidos políticos y sindicatos, hicieron posible que la sábana de la involución franquista quedara apartada del pensamiento de los que añoraban el ordeno y mando, sin más. Este compañero y amigo madrileño pertenecía a una familia ligada a la actividad pública desde los tiempos de la República. Yo lo conocía a él y a Adolfo Suárez y fue, sin lugar a dudas, un acicate en el devenir democrático en libertad, convencidos de que la España franquista no tenía nada que hacer. Pero siempre he mantenido que tanto Suárez como Calvo Sotelo y Felipe González fueron tres presidentes que asentaron la democracia . Los trabajadores, sus sindicatos de clase, fueron los que dieron un espaldarazo para que los ruidos de sables callaran por sí, porque los trabajadores y trabajadoras son los que más pierden, pues los 38 años de Gobierno fascista intentaron aniquilarnos como parte activa de una sociedad democrática en libertad. En Ribadeo, aquellos que sienten y piensan en democracia y humanismo tuvieron el compromiso y la cita para decir adiós a este gran hombre y su familia.


El Ayuntamiento, a través de su concejal José María Pérez, quiere alardear de una sensibilidad medioambiental y especial cuidado y protección de las zonas habitadas en el entorno del polígono de Lloreda, cuando el primer diseño no contemplaba la protección de las zonas pobladas salvo en unos puntos muy reducidos y ha tenido que ser la CUOTA, tras las alegaciones de los vecinos, quien les obligara a modificar el diseño del plan, incluyendo más barreras ambientales. A pesar de todo, no sabemos en base a qué se han permitido eliminar una en el único núcleo rural que sí aparecía rodeado de pantalla vegetal, el de La Muria. Tampoco queda muy claro cuál va a ser el trazado de las barreras vegetales en aquellas zonas que quedan dentro de las unidades de ejecución (Lloreda 1 y Lloreda 7). Lo mismo ocurre con el lavadero y la fuente de Lloreda, que inicialmente pretendían destruir y que, tras las alegaciones, la Consejería de Medio Ambiente les ha obligado a mantener, aunque en el plano siguen situándolos en medio de un vial. En cuanto a la creación de puestos de trabajo del sector secundario que pretender crear, no dudamos que los vaya a haber. ¡Estaría bueno que se dedicase casi un millón de metros cuadrados de diversos usos a polígono industrial y que no se crearan puestos! Pero creemos que muchas de las empresas no van a ser de nueva creación, sino trasladadas de otros puntos del concejo, y la experiencia de estos traslados nos indica que muchos trabajadores pierden sus empleos, ya que la empresa aprovecha el cambio de instalaciones para la renovación de maquinaria y modernización tecnológica, con la consiguiente reducción de puestos de trabajo. Por otra parte, no deja de extrañarnos el empeño de los políticos en transmitir una necesidad perentoria de suelo industrial, cuando siete años después, el polígono de Los Campones no se ha llenado y el de La Peñona está desierto, ambos situados también en Tremañes. Queremos constatar, además, que el polígono de Lloreda ha afectado a algunos otros puestos de trabajo que han sido ignorados por Sogepsa. Nos referimos a los puestos del sector primario (floricultores, agricultores y ganaderos de carne o leche), en algunos casos «llevadores» de fincas a los que Sogepsa, junto con el Ayuntamiento y la Consejería, se ha negado a reconocer sus derechos, y en los casos en los que los propietarios de las fincas quisieron dejar constancia de la existencia de estos «llevadores», amenazando incluso con no llegar a acuerdos para adquirir sus fincas si insistían en ello. Más del 40% de las fincas ha tenido que ser expropiado al no llegar a acuerdos con los propietarios. Es el mayor porcentaje de falta de acuerdo de todas las actuaciones de Sogepsa en el concejo, muy superior al del polígono de Los Campones o a Roces. Es cierto que, como dice el concejal, no es necesario llegar al cien por ciento de los acuerdos, pero no deja de ser un fracaso de la Administración que, pese a las presiones ejercidas y las verdades a medias, no haya podido convencer a tantos propietarios, que acudirán al Tribunal de Justiprecio con sus propiedades, cuya suma supone más del 40% del terreno. Máxime si tenemos en cuenta que parte del 60% restante, nada menos que 74.000 metros cuadrados, era del Ayuntamiento. Aparte, en la mayoría de los casos, Sogepsa no ha valorado muros, arbustos de cierres, árboles de lindes, frutales, etcétera. Respecto al precio de compra del terreno, recordar al concejal José María Pérez las dos varas de medir que tiene el Ayuntamiento, una para valorar su propio terreno en Tremañes y otra para la del resto de los vecinos. Algo similar ha ocurrido a la hora de valorar las trece casas habitadas de la zona. Quitan una vivienda unifamiliar o, en la mayoría de los casos una quintana, en una zona bien comunicada, próxima a la ciudad y con lo que les dan es imposible adquirir nada de similares características. Están también las más de 40 viviendas que hay en las unidades de ejecución delimitadas dentro del polígono, que no han sido expropiadas, pero por el hecho de estar dentro de él tienen graves inconvenientes, entre otros las dificultades para reformarlas cuando les es necesario. El concejal José María Pérez cuantifica la inversión pública en el polígono en 66,2 millones de euros. Si tenemos en cuenta que a los propietarios se les ha pagado el terreno entre 34,97 y 45 euros el metro cuadrado, según llegaran o no a acuerdos, y que las fincas industriales de libre mercado se están vendiendo a 115, a cada propietario se le ha sustraído, dejado de percibir, regalado forzosamente o como queramos denominarlo, entre 70 y 80 por cada metro cuadrado afectado por el polígono. De lo que se deduce que, en el casi un millón de metros cuadrados del polígono, la contribución forzada y forzosa de los propietarios al mismo es de casi 74 millones, lo que supera con creces la inversión pública referida por el concejal.


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