Una especie de maldición nos persigue a los gijoneses cuando de vías férreas, trenes y estaciones se trata.

Hace casi tres décadas, el PSOE se empeñó en trocear la ciudad y consolidó la gran barrera ferroviaria haciéndola llegar hasta el mismísimo centro urbano. En aquella primera Corporación democrática hubo un único concejal, Francisco Álvarez-Cascos, que se opuso al disparate y que alertó sobre el grave problema urbanístico que se generaba en Gijón. Ni caso.

Tras la barrera ferroviaria hasta El Humedal en lo que hasta entonces era la estación de cercanías, que edificaron nueva, vino otra estación para el largo recorrido que sustituyó a lo que ahora es Museo del Ferrocarril. Ni tan siquiera bautizándola «Jovellanos» consiguieron eludir los efectos perversos de una política insensata. En muy poco tiempo aquello se convirtió en un erial, la pasarela que sorteaba la autopista en una peligrosa cochambre tan maloliente como inútil y, ante la ausencia de viajeros, hasta los taxistas se negaron a prestar servicio en aquel lugar.

Más tarde, a mediados de los noventa, con el descubrimiento de la intermodalidad, Álvarez Areces amenazó con ubicar una estación para sesenta autobuses en la calle Mariano Moré. Centenares de vecinos afectados se manifestaron semanalmente durante meses para oponerse a lo que se les venía encima -o sea, debajo- de sus viviendas, incluidos, además del ruido y de los humos del tráfico de los grandes vehículos, los correspondientes depósitos de combustible. Para rematar la jugarreta, el entonces Alcalde propuso con sonora y grandilocuente alharaca la construcción en la zona de un «tren lanzadera aéreo» para comunicar las dos estaciones. Literal. Hubo incautos que, a la vista del monumental despliegue informativo y propagandístico, se lo tomaron en serio.

Ya con el PP gobernando en el Principado, se paralizó la aberrante estación de autobuses (con indisimulado enfado de Álvarez Areces, el promotor de la chapuza) y con José María Aznar de Presidente se dejó de lado el artificio del «tren aéreo» más ocupado, como es natural, de cosas rigurosas, tal que la variante de Pajares, pertinazmente rechazada por el diputado socialista leonés Rodríguez Zapatero y sus correligionarios parlamentarios.

En el año 2000, Álvarez-Cascos, aquel que siendo concejal había votado en solitario contra la barrera ferroviaria, propuso en la campaña electoral el metrotrén y la posibilidad de soterrar las vías férreas para eliminar el gran problema urbanístico de Gijón. Apenas tomó posesión como ministro de Fomento, se iniciaron los pasos para llevar a efecto unos compromisos que, claro, habían sido objeto de befa, bufa y mofa por parte de los adversarios políticos del PP.

Dos años después se firmó un convenio del que fueron partícipes el Principado de Asturias, Ministerio de Fomento, Ayuntamiento, Renfe y Feve. Objetivos: eliminación de la barrera ferroviaria, construcción de una estación subterránea intermodal en El Humedal (cercanías, largo recorrido, autobuses) y aprovechamiento urbanístico de los terrenos liberados para financiar la costosísima operación ferroviaria, proporcionando suelo con fines sociales y, al fin, resolver el problemón que impedía intercomunicar la ciudad, cortada con una cuña de vías férreas. Con marco escénico en la Casa Natal de Jovellanos, la rúbrica de aquel convenio sí que fue un fantástico momento para Gijón.

Pero el maleficio seguía latente. La llegada al Gobierno de Rodríguez Zapatero supuso la parálisis de absolutamente todos los avances conseguidos para poner en marcha los compromisos firmados. Y no sólo la paralización: también su trueque. La nueva Ministra socialista, en su alevoso empecinamiento en borrar las huellas de su predecesor, fulminó los principales objetivos del convenio. De ahí que, si nada lo remedia, Gijón se quedará sin estación de dos niveles subterráneos en El Humedal, sin Alta Velocidad (lo que nos viene ha sido apodado como «altas prestaciones», un tapujo), sin posibilidades de continuación con el AVE del Cantábrico (su supresión ha sido un auténtico robo para Asturias y demás comunidades autónomas del norte de España) y, además, se desplaza hasta Moreda la barrera ferroviaria, construyendo allí -en superficie- la estación intermodal con los autobuses y suprimiendo la centralidad del tren, un objetivo irrenunciable en cualquier ciudad moderna. ¿Somos en Gijón diferentes al resto del mundo o, nuevamente, víctimas de una maldición?

Por si todo esto fuera poco, la presentación del plan especial para la integración del ferrocarril en Gijón y la apertura de su período de alegaciones ha puesto en evidencia su ilegalidad. El plan incumple flagrantemente el convenio auspiciado por Álvarez-Cascos, firmado en el verano de 2002, y el Ayuntamiento ignora sus propias prescripciones legales contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana modificado, precisamente, a raíz de aquel convenio.

En el PSOE aplican el rigor de la ley para los ciudadanos y se aplican la bula para consumo propio. La prioridad para que los gijoneses disfrutemos de un ferrocarril rápido y seguro, acorde con los tiempos, con la misma intermodalidad y centralidad que demandan millones de usuarios de toda Europa, se ha reconvertido para beneficio del ladrillo y de la repercusión disparatada del suelo en el precio final de los pisos.

Una vez más, los intereses de Gijón y de Asturias hechos fosfatina; otra muestra de cómo en el PSOE siguen haciendo de las suyas a costa de todos y de nuestro futuro. La maldición ferroviaria, como la especulación, traquetea de nuevo.

Por Isidro Martínez Oblanca es ex senador por Asturias (PP).