R. V. / J. L. A.

La comisión nacional de derechos y garantías del Partido Popular (PP) da la razón a su ex concejal Emilio Noval, expulsado de su formación política en octubre del año pasado bajo la acusación de cometer una falta muy grave y dos graves, en su exigencia de una prueba testifical para contrastar su versión con las de la presidenta y el secretario general de los populares gijoneses, Pilar Fernández Pardo y Luis Crego, respectivamente.

La resolución que firma el secretario de la comisión nacional de disciplina, Carlos Argos, pone en entredicho una decisión anterior de la comisión regional de derechos y garantías, según aseguró ayer Noval. Éste denunció que el citado órgano de los populares asturianos rechazó, en su recurso de amparo, el derecho a la misma prueba testifical que ahora le concede la dirección estatal. «Es la prueba de que yo no estoy aún expulsado del PP», subrayó el ex concejal, que se mostró dispuesto a dar la batalla en el próximo congreso regional.

Noval fue uno de los concejales críticos durante el pasado mandato con su presidenta y portavoz municipal, Pardo, ahora también diputada por Asturias. Mantuvo junto con las entonces concejalas Lucía Ezquerra, Luisa Peláez y Vanesa Álvarez un duro pulso con Pardo. Este enfrentamiento se escenificó en el último congreso de los populares gijoneses, en el que los ediles críticos apoyaron al médico Luis Prado d'Almeida, respaldado por el sector afín a Francisco Álvarez-Cascos. Pardo ganó el cónclave por una amplia mayoría.

Noval y Prado d'Almeida dieron ayer una rueda de prensa para solicitar, además, la intervención de la Inspección de Trabajo y de la fiscalía de delitos económicos por la sospecha de que los concejales no liberados del PP cobran con cargo a los fondos municipales asignados al único grupo de la oposición. «Lo que pretendemos es que no haya dudas en un asunto tan importante, que el buen nombre del PP esté inmaculado», señaló Emilio Noval.

Este requerimiento para la apertura de una investigación fue contestado por el secretario general del PP, Luis Crego.

«Los recursos asignados por el Pleno a los grupos municipales son públicos y están sometidos a fiscalización anual por el Interventor Municipal, y nuestras cuentas han sido expuestas y aprobadas por la mayoría de los militantes», declaró, para encadenar: «La conducta del PP de Gijón en el ámbito económico es impecable, intachable y transparente». Pidió a Ovidio Sánchez «tolerancia cero con determinadas actitudes».