R. V.
«Este gobierno, y en concreto esta alcaldesa, menosprecia y falta al respeto al equipo jurídico de este Ayuntamiento y a todos los abogados de esta ciudad». La senadora y concejala del Grupo municipal Popular Dorinda García, abogada de profesión, realizó esta reflexión como preámbulo a su denuncia de la contratación del bufete ovetense de la firma Garrigues por parte de la Alcaldía para realizar labores de asesoramiento de las empresas y entidades participadas de manera total o mayoritaria por el Ayuntamiento gijonés. El asesoramiento se concreta en la capacidad de acoger consultas tanto por correo como por vía telefónica.
García, que en varias ocasiones ha criticado la escasez de personal del departamento jurídico municipal y denunciado la contratación de abogados externos con gastos millonarios en minutas, critica en este caso que la contratación se realizara a través de un procedimiento negociado sin publicidad al que se invitó sólo a cuatro empresas y todas ellas con sede en Oviedo. El pliego de condiciones estipulaba un coste de 30.000 euros, y se contrató a Garrigues, que, con 29.000 euros, presentaba la oferta más alta. El resto de las firmas invitadas eran Mijares, Legalia y Queipo Riego, según la información facilitada por la edil de la oposición. «Una vez más se actúa de manera unilateral con procedimientos que suponen un uso y abuso del derecho, y el Partido Popular lo va a seguir denunciando», explicó Dorinda García, quien ya ha tenido agrios enfrentamientos en el Pleno por este asunto con la alcaldesa Paz Fernández Felgueroso, también abogada de profesión. Felgueroso mantiene que no es necesario ampliar la plantilla de abogados del Ayuntamiento y que no hay irregularidades en los contratos externos. «¿Es que en Gijón no existe ningún despacho con esta cualificación profesional», se preguntaba irónica la senadora y concejala al poner en evidencia que desde la Alcaldía no se había ofrecido este contrato a ninguna firma local.
