A. RUBIERA
Una veintena de médicos especialistas del Hospital de Jove, grupo en el que están incluidos todos los que llevan veinte años y más de ejercicio profesional en el centro sanitario gijonés, han hecho llegar a las autoridades regionales y también a los responsables del centro y de la Fundación Hospital de Jove una «carta abierta» que pretende motivar a la reflexión sobre el último agravio sufrido por la plantilla del centro. Ese agravio no es otro que el que supone su exclusión de la carrera profesional retribuida, en condiciones similares a las que se han aprobado para el personal estatutario.
La misiva la firman los médicos más veteranos de la Fundación, en un gesto simbólico de hacer oír la voz de la experiencia, y en ella se deja claro que ese último agravio de la plantilla de Jove con respecto a los profesionales de la red pública es «de una importancia cualitativa y cuantitativa nunca superada con anterioridad».
La carta -que se reproduce íntegra bajo estas líneas- hace un repaso a la situación singular del Hospital de Jove como centro concertado de la red pública asturiana: atiende a la población que tiene asignada dentro del mapa sanitario regional y se les exigen iguales rendimientos que a la red pública; incluso se les incluye -junto con Arriondas- en todas las publicaciones como parte de los recursos hospitalarios de la red pública, lo que entre otras cosas le permite al Principado hacer suyos los méritos acumulados por Jove en cuanto a índices de resolución o de confianza de la población.
Pese a todo ello, los médicos firmantes reconocen que «siempre nos ha costado demasiado aproximar nuestras condiciones laborales a las del personal del resto de los hospitales de la red pública, habiéndose logrado la última seudoequiparación tras un largo y costoso conflicto» como fue el de la firma del último convenio colectivo. En ese último convenio vigente se establece textualmente que «los sistemas de carrera profesional y promoción profesional serán implantados en la Fundación Hospital de Jove en 2008 siempre que se obtenga del Sespa la financiación necesaria para tal fin». Esa financiación ni ha llegado ni se la espera, a tenor las declaraciones hechas por algunos de los máximos representantes de la Administración regional. Y eso, precisamente, ha encendido unos ánimos ya de por sí debilitados en el hospital gijonés. Los especialistas más veteranos consideran «insensata» esa negación pública a su derecho a la carrera profesional. «Confiamos en que se esté aludiendo tan sólo a una suerte de legalismo que les permite justificar la discriminación y no se esté negando en realidad nuestro derecho moral a no ser discriminados», apuntan.
Dicen los firmantes que si en otras ocasiones las diferencias entre la red pública y la concertada eran hirientes, ahora rayan la humillación y, por eso mismo, se preguntan si el Principado piensa que «puede negarnos el derecho a ver reconocida nuestra trayectoria profesional sin que debamos rebelarnos». Los facultativos aseguran que no quieren aprender de esas fórmulas, tan eficaces en el pasado, de ganar pleitos a base de huelgas y movilizaciones. De ahí que reivindiquen una reflexión convertida en respeto y traducida en que «negocien con responsabilidad y justicia, y sin nuevos agravios».
