Inspeccionar para prevenir

 

INMACULADA GALLART DÍEZ El ministro de Sanidad, que también lo es de Consumo, Bernat Soria, fue nombrado en junio de 2007 y ha tenido, de nuevo, la confianza de Rodríguez Zapatero, que lo ha incluido en el Gobierno que acaba de constituirse, pero con competencias que fueron menguando al igual que su currículum. Consecuentemente, las responsabilidades políticas por su estrepitoso fracaso en la gestión de la alerta europea respecto al aceite de girasol ucraniano se extienden a quien lo nombró.


El 23 de abril pasado, Francia notificó a la Comisión Europea que los resultados de los análisis de laboratorio rutinarios realizados al aceite de girasol procedente de Ucrania reflejaban una adulteración por hidrocarburos alifáticos. Automáticamente, en Bruselas, las autoridades comunitarias activaron el protocolo de actuación de la red de alerta comunitaria. El 25 de abril, la Comisión Europea informó que nueve contenedores de aceite de girasol ucraniano que habían sido distribuidos en Francia, España, Italia, Países Bajos y Reino Unido en febrero pasado estaban contaminados, aunque sin riesgo para la salud, pero recomendaba la localización y retirada del producto.


Cada país tomó sus precauciones. Las autoridades competentes de los diferentes estados miembros de la Unión Europea afectados detectaron las partidas de aceite contaminadas antes de su distribución al mercado. No fue así en España, donde el aceite de girasol ucraniano ya había salido de los almacenes mayoristas y ya estaba, en parte, envasado y situado en los puntos de venta y en los hogares de los consumidores. Precipitadamente, desoyendo las recomendaciones de la Comisión Europea, el ministro español ordenó medidas más radicales. En menos de setenta y dos horas, de viernes a domingo, el ministro del PSOE ha pasado de prohibir la venta y consumo de todo el aceite de girasol durante tres semanas hasta conocer las marcas contaminadas, a desbloquear su consumo por no comportar riesgos para la salud y a presentarnos tres listados sucesivos con marcas y lotes determinados, cuando lo más sencillo hubiese sido facilitarnos el listado del 10 por ciento de marcas afectadas de las ochocientas que se comercializan en el territorio nacional.


¡La confusión en las informaciones y la alarma generada han sido de tal magnitud que los comerciantes, los consumidores y los hosteleros no han sabido a qué atenerse! A día de hoy, quedan muchas sombras y no pocas dudas ¿Por qué España fue el único país cuyo servicio de inspección permitió el envasado y distribución de este aceite? ¿No se realizaron inspecciones?


Se sucedieron importantes y muy significativas contradicciones. De un lado, la asociación del colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) denunció que los controles físicos aduaneros a los que se sometieron las partidas de aceite procedentes de Ucrania se realizaron mediante escáner, sin efectuar los análisis de laboratorio obligatorios, que sí se efectuaron en el resto de países comunitarios. El departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria se apresuró a difundir un comunicado desmintiendo categóricamente a los técnicos del GESTHA.


Teóricamente esto es insuficiente. El arancel aduanero comunitario en lo referente a los productos de consumo humano y animal es taxativo, exige certificados de origen y calidad del país exportador, además de las inspecciones de laboratorio en la frontera exterior para su introducción en suelo comunitario.


Las consecuencias económicas provocadas por el desatino del ministro de Sanidad en la generalización de esta alarma a todas las marcas de aceite de girasol comercializadas en España son irreversibles, han perjudicado gravemente al sector, como así lo manifestaron las empresas productoras y envasadoras que sí cumplen las inspecciones y garantías sanitarias.


Por otra parte, ha conseguido sembrar el desconcierto y el pánico en el consumidor cuando, después de muchos años de esfuerzo, el barómetro de consumo de 2007 destaca que el producto que más confianza genera en España es precisamente el aceite.


Bernat Soria realizó estos días una sucesión de confusas declaraciones, pero al fin se dio cuenta de la importancia de las inspecciones de consumo y acertaba cuando aseguró: «Vamos a poner el consumo en la agenda política». En el ámbito municipal, la concejala de Participación Ciudadana, que también lo es de Consumo, la socialista Pilar Pintos, debería hacer suya la frase del Ministro y abordar las inspecciones municipales de consumo en su agenda, conforme a la legislación nacional, autonómica y ordenanza municipal vigente, como se lo viene exigiendo reiteradamente, desde el inicio de esta Corporación, el Partido Popular.


Inmaculada Gallart Díez es concejala responsable de Consumo del Grupo municipal Popular.

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