A. RUBIERA

Representantes de los comités de empresa de los hospitales de Jove, Cruz Roja, Avilés, Adaro y del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos firmaron ayer en el Jove el acta de fundación de la Plataforma de Centros Sanitarios Concertados de Asturias. Con ella buscan coordinar y aunar esfuerzos, «para poder tener más fuerza y más repercusión», en la defensa de objetivos comunes de unos centros que engloban a 1.300 trabajadores y ofertan 700 camas a la atención sanitaria regional.

Esos objetivos son, básicamente, la mejora de condiciones de trabajo y servicios en los distintos centros buscando «la equiparación de condiciones laborales, de medios y de oportunidades», indicó Alberto Riera, del Hospital de Jove, que ejerció de portavoz de la Plataforma. Riera aseguró que a las plantillas de los centros «nos preocupa el porvenir porque corremos riesgo de descapitalización y de fuga de cerebros. De hecho -dijo-, ya tenemos verdaderos problemas para captar profesionales».

Según los afectados, «llevamos una larga trayectoria de reivindicaciones, por separado, de un sistema igualitario», sin que hasta el momento hayan conseguido poco más que «compromisos políticos, buenas palabras, que siempre acaban por diluirse». Tras el agravio de la carrera profesional, «que ha sido muy importante», dijo Riera (ya que se les excluye totalmente de su implantación, algo que no ocurre así en todas las comunidades, ya que algunas promueven la carrera en los centros que dan servicio público), las plantillas de estos centros consideran que «nos han convertido en puras subcontratas sanitarias, con el agravio de que hay subcontratas del Sespa que tienen mejores condiciones que nosotros».

Los integrantes de la plataforma pedirán reuniones con el consejero de Salud, la gerente del Sespa y los partidos políticos para plantear que «es necesario sentarse y hacer una negociación seria y definitiva» sobre estos centros sanitarios. La Plataforma no incluye como objetivo la integración en la red pública «ya que eso supone una modificación de las condiciones jurídicas de cada centro, y ahí cada uno debe ir de forma individual, según sus intereses», apuntó Riera, pero sí exigen «una equiparación con la red pública, puesto que atendemos a los mismos enfermos y nos medimos por los mismos criterios y exigencias de calidad y de atención».