J. M. CEINOS

La cuarta comparecencia del consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias, el socialista Francisco González Buendía, en la comisión correspondiente a su departamento de la Junta General, se sustanció ayer sin nuevos datos sobre el sobrecoste que arrastran las obras de ampliación del puerto exterior de El Musel: 251 millones de euros (incluyendo el IVA), cuando el proyecto se adjudicó en 479,2 millones de euros a la UTE Dique Torres.

Tampoco hubo nuevos datos sobre si la Unión Europea (UE) aceptará o no pagar, a través de nuevos fondos de cohesión, una parte del sobrecoste. No obstante, durante su intervención, González Buendía desveló que la planta regasificadora que está previsto construir en una parte de los terrenos ganados a la mar en la ensenada de Torres «acaba de obtener la declaración de impacto ambiental».

La planta de regasificación de gas licuado de El Musel, cuya instalación fue rechazada por los gobiernos del Partido Popular (PP) por innecesaria en la cornisa cantábrica, dado que ya se había concedido la construcción de plantas similares en Ferrol y Bilbao, fue aprobada por el primer Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Enagás es la empresa a la que se concedió la planta, que, según el proyecto, tendrá una capacidad de almacenamiento inicial de 300.000 metros cúbicos, ampliable hasta 600.000 metros cúbicos.

Más de treinta asociaciones ecologistas y vecinales consideran que «el estudio de impacto ambiental presentado tiene numerosas deficiencias para valorar el impacto de esta instalación, un buen ejemplo es que se olvida hasta de la presencia de los vecinos colindantes».

También consideran que «es una instalación innecesaria», que «los gasoductos ya existentes en el Cantábrico con las actuales mejoras previstas son suficientes para el abastecimiento presente y futuro de gas a las centrales de ciclo combinado en proyecto» y «no se tienen en cuenta los riesgos por la inflamabilidad del gas natural licuado. La ubicación prevista está a menos de 1.000 metros de los depósitos de gas de Campa Torres y tres terminales petrolíferas de El Musel, elevando sin lugar a dudas los niveles de peligrosidad en una zona densamente poblada donde en un radio de 2.000 metros viven más de 70.000 personas».

Además, siempre según estas organizaciones ecologistas y vecinales, «la eliminación de los gases evaporados aumentará los problemas de contaminación atmosférica que ya padece la ciudad de Gijón».

La planta de regasificación también es clave para el aumento de los tráficos portuarios de El Musel, dentro del proyecto del Gobierno de Asturias de convertir al puerto exterior en un polo energético.

En este sentido, el titular de Infraestructuras afirmó, una vez más, que la ampliación de El Musel va ligada a otros proyectos de gran relevancia para Asturias y Europa, además de la regasificadora, plantas de ciclos combinados para la generación de electricidad, de biodiésel y las autopistas del mar (cabotaje).

Tras afirmar González Buendía que todo el proceso se hizo atendiendo «a la legalidad vigente», pidió tanto al PP como a Izquierda Unida-Bloque por Asturias-Los Verdes (IU-BA-LV), «altura de miras» para llevar a buen puerto la ampliación portuaria. Los Verdes, socios de IU, han conseguido paralizar, por el momento, en la UE el expediente para la concesión de más fondos de cohesión para El Musel.

Por su parte, desde los bancos del PP, el diputado José Agustín Cuervas-Mons, tras escuchar al consejero de Infraestructuras, volvió a acusarlo de no querer contestar en la Junta a nada de lo que se le pregunta, especialmente si hay un plan previsto para financiar las obras en el caso de que la UE no conceda más dinero.

El diputado socialista Faustino Álvarez lanzó un capote de apoyo a González Buendía al afirmar que las preguntas que se le hacían al consejero de Infraestructuras no las podía responder, dada su condición de consejero de la Autoridad Portuaria de Gijón, por lo que está obligado a guardar confidencialidad de lo que se delibera y decide en el órgano portuario.

Por su parte, el diputado de IU-BA-LV Francisco Javier García Valledor basó sus preguntas al consejero de Infraestructuras sobre los motivos por los que se pagan casi 11 euros más por metro cúbico de pedraplén a la empresa Sato (que forma parte de la UTE Dique Torres) de su cantera de Aboño. «Están utilizando dinero público que va a parar a bolsillos privados», afirmó el diputado, quien acusó a los consejeros portuarios, entre los que se encuentra González Buendía, de actuar con ligereza.

El Grupo parlamentario Popular también había solicitado la comparecencia del presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, el ingeniero Fernando Menéndez Rexach, para que explicara «todo lo relacionado con la financiación de los sobrecostes y los riesgos que anuncia la Autoridad Portuaria de que la UE niegue más fondos».

Menéndez Rexach remitió un escrito a la Junta General del Principado alegando que no existe fundamento jurídico alguno para que él acuda a dar explicaciones al Parlamento regional. Tras la lectura de la nota, el presidente de la Comisión de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda de la Junta levantó la sesión. En ese momento, el diputado popular Cuervas-Mons llamó «sinvergüenza» en voz alta a Fernando Menéndez Rexach.