Los vecinos exigen otro estudio catastral que refleje ya la bajada real de la vivienda

R. VALLE

El concejal de Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, no ha conseguido convencer ni a la oposición ni a los vecinos con su plan de futuro para intentar moderar el impacto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para el año que viene. Más bien al contrario. La decisión del Ayuntamiento de Gijón de solicitar a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que negocie con Hacienda una congelación de los valores catastrales de los inmuebles a partir de la cual el gobierno local pueda aplicar medidas más concretas, como la revisión a la baja del tipo impositivo, sólo ha conseguido soliviantar a los colectivos, que ya se habían opuesto frontalmente al proceso de actualización catastral que se concretó a finales del año pasado en la ciudad y que supuso, como mínimo, que se duplicaran los valores de las viviendas de todos los gijoneses. El Ayuntamiento plantea esta reforma de cara al año 2010 teniendo en cuenta la nueva realidad del mercado de la vivienda en plena crisis económica.


«Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es solicitar a Hacienda un nuevo estudio catastral, porque los valores de ahora no son los mismos que los que se tomaron hace tres o cuatro años. Hay descensos de un 30 y un 40% en los valores reales de un inmueble, y se entiende que su valor catastral debe estar entre el 40 y el 60% de su valor real. Es fácil que alquilen no sea capaz de vender su piso por su valor catastral», explica Alonso Gallardo, uno de los portavoces de la Plataforma Ciudadana Contra el Catastrazo, para quien es más que evidente que el Ayuntamiento de Gijón «dio un pelotazo con el catastro a pagar por todos los ciudadanos».


Un nuevo estudio que ajuste valores catastrales y reales de mercado es también la exigencia de los vecinos de la zona rural, que fueron quienes llevaron el grueso de las movilizaciones contra la valoración catastral y su influencia en los impuestos; pero no la única exigencia. « Si quieren bajar el tipo del IBI, que ahora está en el 0,57 para la zona urbana y el 0,68 para la zona rural, lo pueden hacer sin preguntarle a la FEMP ni a nadie, pero es que además el Ayuntamiento sólo habla del IBI. ¿Qué pasa con la plusvalía donde se aplica el máximo impositivo? Igual que con los impuestos que dependen del Principado de Asturias. Parece que nos lo regalen y resulta que nos toman el pelo», explica Carmen Suárez, líder vecinal de Vega


Para el Partido Popular, la propuesta de Martínez Argüelles es «oportunismo político. Si de verdad hubieran querido mantener o bajar el IBI, ya lo hubieran podido hacer. Y lo primero que habían podido hacer era demorar la revisión catastral, como se hizo en Valencia. También habrían podido bajar el tipo hace un año y no lo hicieron. Igual que no quisieron aplicar la bonificación de los tres años que nosotros les pedimos. Su discurso era que había que subir ese impuesto para mantener el nivel de servicios del Ayuntamiento, y ahora nos dicen que lo quieren congelar vía la FEMP», explicaba ayer el edil popular Pablo González, que también apoya una total revisión de los valores catastrales tras el «pinchazo inmobiliario».