Los 152 obreros procedentes del sector público tienen su futuro garantizado

M. C.

La situación concursal tendrá otras consecuencias, fruto de la negociación de los sindicatos con Principado, Ayuntamiento y con la propia empresa. Los 152 trabajadores de Juliana procedentes del antiguo Izar Gijón se podrán prejubilar o recolocar en Navantia, fruto de las garantías que les dio la SEPI en 2006 para aplacar las protestas laborales durante el proceso de privatización.

La cuestión es cuándo. Si Juliana realiza despidos antes del 1 de diciembre, Factorías Vulcano tendrá que abonar a la SEPI 40.000 euros por cada trabajador. Si los realiza a partir de esa fecha, cuando se cumplen los tres años de la privatización, no. Eso significa que la activación inmediata de las garantías para los trabajadores supondría una penalización para Vulcano de 6 millones de euros, de los que no dispone. Si se espera, Juliana tendrá que seguir costeando los 600.000 euros mensuales que cobra su plantilla, con salarios superiores a los del personal de contratas.

La SEPI vendió Izar Gijón a Vulcano el 31 de noviembre de 2006. La empresa gallega pagó 2,09 millones de euros por un astillero en cuya modernización el sector público había invertido unos 30 millones de euros en los años anteriores. Vulcano se comprometió a culminar el proceso de inversiones destinando 13,4 millones a dragados y otras obras. Nunca lo hizo.