La Plataforma de Cabueñes acusa a la Alcaldía de defender a Blanco «implícitamente»

M. CASTRO

«Reclamamos a la Junta de Gobierno municipal que de una vez por todas tome una posición inequívoca en el proceso penal. Si alguien se persona en este proceso es para acusar o para defender, no para ver cómo van las cosas a costa del dinero de todos los ciudadanos. Tienen que decidir si denuncian la actuación de Ovidio Blanco Suárez o si lo defienden, algo que implícitamente han estado haciendo hasta ahora». La portavoz de la Plataforma Contra el Muro de Cabueñes, Cristina Moreno, valoró ayer con estas palabras la ambigua postura que, a su entender, está manteniendo el gobierno de Paz Fernández Felgueroso ante el procedimiento penal abierto contra el ex jefe técnico de urbanismo del Ayuntamiento, el arquitecto Ovidio Blanco.

La justicia investiga a Blanco por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias e información privilegiada al obtener unas plusvalías de 600.000 euros con la compra y venta de terrenos en el plan parcial de Cabueñes. El Ayuntamiento anunció que se va a personar en el proceso penal -iniciado tras una denuncia de la fiscalía- pero que no se va a definir ni como acusación ni como defensa. Los vecinos entienden que en un caso de estas características no caben medias tintas: o se avala la actuación del funcionario en excedencia o se le acusa.

La plataforma sí se ha personado, ejerciendo la acción popular, como acusación particular. Informaron ayer sobre esta personación en una rueda de prensa en la que compareció, además de Cristina Moreno, el asesor de la plataforma, Ignacio Martínez. Estuvieron arropados por las presidentas de las dos asociaciones vecinales de Cabueñes, Amalia Blasco (de la asociación Fontevilla) y Ana María García (de La Pontica), entre otros asistentes.

La plataforma mostró su confianza en que el proceso penal contra el ex jefe del servicio técnico de urbanismo municipal «cierre una época de tinieblas, oscuridad, falta de transparencia en el urbanismo gijonés, un tema que mueve muchos intereses». En este sentido, Moreno apuntó que en el proceso judicial que ahora se inicia «esperamos una investigación rigurosa» tras el «paso adelante dado por la fiscalía». El supuesto caso de corrupción urbanística aún no ha sido asignado a ningún Juzgado de instrucción, después de que haya llegado hace días al decanato.

La plataforma apuntó que «Marbella está en muchos sitios», en referencia al urbanismo gijonés. Ignacio Martínez también denunció la inoperatividad de la Guardia Civil en la persecución de la corrupción urbanística después de que el Gobierno anunciara hace un año la creación de grupos especiales en ese sentido. Eso se tradujo en la práctica en apartar de este tipo de investigaciones al Seprona, que antes las efectuaba, y en destinar a las mismas a tres funcionarios por comandancia pero sin dedicación exclusiva a estos delitos, lo que en la práctica no funciona, dicen.