El gobierno local crea una oficina con técnicos «de la casa» para revisar el PGOU

M. SUÁREZ

El gobierno local creará una oficina específica para gestionar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) «con seriedad, asegurando todos los trámites y ofreciendo la mayor transparencia informativa». Este dispositivo técnico se montará con personal cualificado «de la casa», informó ayer el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, y únicamente se recurrirá a la contratación de ayuda externa en «casos muy puntuales».

Sanjurjo anunció la creación de este servicio municipal en los últimos minutos de un Pleno en el que tuvo especial protagonismo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anula el PGOU. El edil socialista insistió en que las medidas adoptadas por el Ayuntamiento dan plenas garantías jurídicas al planeamiento gijonés. Pero el PP considera que «es mentira» y, ayer, se abstuvo en la aprobación del estudio de detalle promovido por la comunidad Monte del Tragamón. Hizo lo mismo con el proyecto presentado por una vecina de Cabueñes para su finca del camino de la Escuela. Y avisó de que esa será su postura hasta que la situación generada por la sentencia quede resuelta.

«No vamos a ser cómplices de actuaciones que podrían verse afectadas por la anulación del PGOU», explicó la portavoz popular, Pilar Fernández Pardo. «No se va a cometer ninguna ilegalidad, que nadie meta mieu», salió al paso el concejal de IU y tercer teniente de alcalde, Jesús Montes Estrada. El gobierno PSOE-IU recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. Entre tanto, el Plan Urbano seguirá en vigor.

El grupo de la oposición reprobó el hecho de que sea una resolución de Alcaldía del 17 de julio la que ampare la presentación de este recurso, cuando «el ejercicio de acciones legales es competencia plenaria, así como la elección del abogado, cuyos honorarios deberían figurar en el expediente». La Junta de Gobierno abordaba el tema el 21 de julio. Ayer pasaba por el Pleno y el PP (que llegó a pedir la devolución del premio a la transparencia que acaba de recibir el Ayuntamiento) votó en contra.

El PGOU fue anulado por irregularidades medioambientales y de tramitación. Sin renunciar a la defensa de su legalidad, el Ayuntamiento ha decidido revisar de oficio el documento urbanístico para «garantizar los intereses generales, no los particulares, y la actividad económica». Se empezará por someter el planeamiento a un estudio de impacto ambiental, trabajo que sí se sacará a concurso.