Manuel CASTRO
Un informe del Área de Control y Auditoría, de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, considera ilegal el pacto de la Autoridad Portuaria de Gijón con HC para obtener piedra para la obra de El Musel de la cantera de Aboño (de la que HC es uno de sus copropietarios). El informe estima que el Puerto debió abrir un concurso para el suministro de la piedra en vez de adjudicarlo directamente, lo que habría evitado los sobrecostes posteriores. El documento es uno de los que Política Regional analiza para decidir si exige la devolución, en alguna medida, de los 247,5 millones de euros de fondos de cohesión con los que subvencionó la ampliación.
El informe va más allá y cuestiona la legalidad de la adjudicación de la obra de construcción a la unión temporal de empresas Dique Torres, dado que la Autoridad Portuaria primó en el concurso el uso de esta cantera, pero sin fijar el coste de obtención de piedra. Por ello el concurso para la ampliación de El Musel «no respetaba los principios de no discriminación y de igualdad de trato, pues las ofertas de los licitadores no eran comparables por carecer de un objeto de contratación completo y de un precio de referencia».
En julio de 2004, la Autoridad Portuaria firmó el acuerdo de intenciones con HC para explotar la cantera de la que la compañía eléctrica es copropietaria, junto a Sato (empresa integrante de la UTE Dique Torres) y un particular. El Puerto incluyó ese preacuerdo en el concurso público que abrió para ejecutar la obra y que adjudicó a Dique Torres el 4 de enero de 2005. En el preacuerdo con HC se indicaba que el precio del material y de su explotación se negociaría posteriormente entre HC, el adjudicatario de la ampliación y la Autoridad Portuaria. Así, el coste de explotación de la cantera, que se había establecido en 7 euros por metro cúbico en el proyecto inicial de la ampliación, acabó convirtiéndose en unos precios que van «de 18,22 euros por metro cúbico a 26,34 euros por metro cúbico, según el tipo de piedra», indica el informe. Control y Auditoría estima que el acuerdo de intenciones entre HC y la Autoridad Portuaria «constituye de hecho un contrato público de extracción y abastecimiento de piedras» que El Musel debía de haber sacado a concurso para cumplir la normativa comunitaria.
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