M. SUÁREZ

«A mi mujer le gusta la jardinería. Buscábamos una finca para labores de recreo y jardín en Quintes o Quintueles, y me ofrecieron la parcela de Cabueñes». Ésa es la razón, según declaraba ayer ante el juez, que movió a Ovidio Blanco a comprar en 1992 una parcela de 2.491 metros cuadrados frente al cruce de Deva. «Llegamos a plantar cerezos, pero nos los comieron los caballos; no cerramos la finca, porque costaba dinero», aportó la mujer del ex arquitecto municipal, María Piedad Rodríguez.

La parcela en cuestión ha dado origen a un escándalo urbanístico por el que Blanco tuvo ayer que responder ante el Juzgado de instrucción número 5 de Gijón. El que fuera jefe de los servicios técnicos de urbanismo del Ayuntamiento obtuvo unas plusavlías de 609.000 euros con la compraventa de ese terreno. La fiscalía de Asturias ha detectado, en la operación, indicios de tres posibles delitos: cohecho, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

El magistrado Juan Laborda será ahora el encargado de determinar si las sospechas de la fiscalía están o no fundadas. Las diligencias judiciales arrancaban ayer con el testimonio de Ovidio Blanco, que llegó al Palacio de Justicia de Poniente a las 09.35 de la mañana, acompañado por su abogado, Luis Tuero, y ofreciendo una amplia sonrisa ante los medios de comunicación. El arquitecto declaró como imputado, aunque, de momento, no existe ninguna acusación formal en su contra.

Durante casi cuatro horas, Blanco tuvo que responder a las preguntas -por este orden- del juez; del fiscal Luis Miguel Llorente; del abogado Ángel Luis Bernal, personado como acusación particular en representación del Ayuntamiento de Gijón; de los letrados Pedro Muñiz y Concepción Trabado, que ejercen la acción popular en nombre del PP y de la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes, respectivamente, y de la defensa.

«Ha respondido a todas y cada una de las cuestiones sin dejar ni una sola duda y explicando de forma clara y rotunda que no ha cometido ningún tipo de delito», señaló Tuero a la salida del Juzgado, como única manifestación pública. Su cliente rehuyó hacer comentarios. Ellos dos fueron los últimos en abandonar el edificio, pasadas las 14.30 horas, y los únicos que utilizaron la puerta lateral.

La mujer del ex arquitecto jefe municipal, que declaró en calidad de testigo, llegó sola a Poniente y se fue sola. María Piedad Rodríguez, que también figura en las escrituras que son investigadas, quitó hierro a los beneficios obtenidos con la finca de Cabueñes: «No me di cuenta de la cantidad que eran 600.000 euros hasta varios días después», aseguró al juez, tras mostrar «plena confianza» en las decisiones de su marido y denunciar, con lágrimas en los ojos, que «nos llevan tratando como a delincuentes desde marzo».

Fue entonces cuando salió a la luz pública que ella y su marido habían comprado una finca en Cabueñes recalificada por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El terreno se lo adquirieron a Hoyant, S. L. en 1992; se lo revendieron a la misma sociedad en octubre de 1998, y se lo volvieron a comprar en julio de 2004, cuando Blanco ya se encontraba en excedencia como funcionario municipal. Entonces, la finca estaba vinculada al plan parcial de Cabueñes, con capacidad para generar 655 pisos. Una de las empresas promotoras de dicho plan le pagó 617.420 euros por la finca que le había costado inicialmente 7.513.

Ayer, Blanco insistió en tres cuestiones. La primera: Le «devolví» la finca a Hoyant en 1998 porque querían pedir la recalificación de esa zona y «les perjudicaba» que el arquitecto municipal fuese a la vez propietario. La segunda: «Mi informe fue desfavorable a esa recalificación». Y por último: «Nunca intervine en el precio». Tampoco, según dijo, intervino en la decisión de recalificar Cabueñes que se desprendió del nuevo PGOU. Hoy se escuchará la versión de Horacio Costales, socio de Hoyant.