La Plataforma cree que hay ´suficientes indicios´ contra Blanco

La Plataforma contra el Muro de Cabueñes cree que hay "suficientes indicios" para mantener los delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada que la Fiscalía apreció en la compraventa de una finca, La Llosina, por parte del ex arquitecto jefe municipal, Ovidio Blanco, con la que obtuvo unas plusvalías de 600.000 euros, señalaron a Europa Press fuentes cercanas a los vecinos.

Las mismas fuentes indicaron que las declaraciones de hoy de los herederos del otro socio de Hoyant, Antonio Cueto, la viuda y los dos hijos, incurrieron en "algunas contradicciones". Además, resalta el hecho de que reconocieran que había un compromiso entre los dos socios de Hoyant y Blanco para que le revendieran la finca por segunda vez.

A este respecto, apuntaron al hecho de que en los testimonios anteriores siempre se haga alusión a una "devolución", más que a una recompra, pese a que el propio Ovidio Blanco asegurara que le sorprendió que se la volvieran a vender.

En 1998, cuando le pidieron el favor a Blanco de que vendiera la finca al otro socio de Hoyant y su mujer y a Cueto, para presentar un recurso, el ex arquitecto dijo que incluso así "se quitaba un peso de encima", ya que llevaba años sin usar la parcela después de que unos caballos se comieran los cerezos que plantó su mujer. Blanco dijo que con el dinero compró una casa en el pueblo de la madre de su esposa.

Por contra, fuentes de la Plataforma destacaron que en realidad Blanco "nunca se desprendió de la finca". "Fue una maniobra", indicaron antes de insinuar que todo parece que apunta a que se la vendió para que Hoyant negociara por él.

Para la Plataforma, lo "sorprendente" es el hecho de que no se sepa cuándo declarará el principal accionista de Hoyant, Horacio Costales, después de que el pasado jueves presentara su hija un justificante de un médico privado de que sufría una crisis de ansiedad que le impedía acudir a declarar a los juzgados.

En este sentido, los vecinos esperan que el juez reaccione, ya que el tiempo pasa sin que se tome ninguna resolución. Por el momento, será un forense quien examine los justificantes e informes médicos de Costales y con esa valoración, el juez decidirá si puede declarar o si lo hace incluso en su casa.

Sobre esta última opción, la Plataforma se mostró en contra, y añadió que si alguien demuestra "fehacientemente" que está enfermo para no declarar, "a lo mejor es que debería estar en un hospital", señalaron las mismas fuentes.

Lo cierto es que el orden de las declaraciones se ha visto alterado tras la suspensión por enfermedad de Costales y el que el arquitecto que revisó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Luis Felipe Teixidor, lo hará finalmente en Madrid, lugar de residencia, por exhorto judicial. Ambos testimonios siguen sin fecha.

En cuanto a la posibilidad de solicitar la declaración de más testigos, la Plataforma no descarta "nada", aunque primero deberá finalizar la primera fase de la instrucción para evaluar el contenido de todas las declaraciones.

Además, aún están pendientes de que se resuelva el recurso de apelación por el que solicitan ejercer en esta causa la acusación particular, en lugar de la acción popular que les obligó a presentar un aval de 12.000 euros. La Plataforma había presentado un recurso de reforma, en el mismo sentido, que fue desestimado, tras lo que presentaron el de apelación.

EUROPA PRESS