La segregación de la finca de Ovidio Blanco añade dudas técnicas a la operación

M. SUÁREZ
La segregación de la finca que Ovidio Blanco compró en la parroquia de Cabueñes añade dudas de carácter técnico a una operación que ya está bajo sospecha judicial. La escritura de compraventa entre el ex arquitecto jefe municipal y la entidad mercantil Hoyant, S. L. se otorgó el 13 de marzo de 1992, bajo la ley del Suelo de 1975, decreto legislativo 1346/1976. Lo que significa, y así se dice en el artículo 96, que en esa fecha no cabía parcelación urbanística en un suelo no edificable como era entonces el de La Llosona.

Es un interrogante más del llamado «caso Blanco», de cuyo esclarecimiento se está ocupando el Juzgado de instrucción número 5 de Gijón. «¿Por qué adquirió una parcela de 2.491,91 metros cuadrados?», preguntó la acusación particular el pasado miércoles, durante la declaración del ex funcionario municipal, que acabó consiguiendo con este terreno un beneficio superior a los 600.000 euros. «Se atendió a la unidad mínima de cultivo, porque en esa fecha no se permitían segregaciones inferiores a 2.000 metros», respondió Ovidio Blanco.

No fue el único momento del interrogatorio en el que se cuestionó la parcelación de La Llosona. «Manifieste si la unidad mínima de cultivo eran 2.000 o 5.000 metros», insistió otra de las partes personadas en la instrucción. «Creo que 2.000, como ya he dicho. En todo caso, el Ayuntamiento no dictó ninguna resolución desfavorable», contestó el que fuera jefe de los servicios técnicos de Urbanismo.

El informe del Ayuntamiento, comunicado por el entonces concejal del ramo, Jesús Morales, lleva fecha del 13 de julio de 1992, cuatro meses después de que se escriturase la compraventa de la finca y transcurridos 13 días de la entrada en vigor de una nueva ley del Suelo. Ese nuevo marco legislativo convertía en innecesaria la concesión de una licencia municipal que autorizase la segregación de fincas no urbanizables. Pero la situación era muy distinta cuando se escrituró la parcela adquirida por Blanco.

Fuentes de la instrucción, que han recurrido al análisis de urbanistas externos, aseguran que «hubo irregularidades en la formación» de dicha parcela. Si así fuese, la cuestión ya no tendría repercusión jurídica, pero «pone de manifiesto cómo se hicieron las cosas en esta operación», que arranca en marzo de 1992 y se cierra en enero de 2006 con la obtención de plusvalías millonarias.

Entre estas dos fechas, Ovidio Blanco le revende su parte de La Llosona a Hoyant, S. L. (en 1998) y, estando ya en excedencia como funcionario municipal, se la vuelve a comprar (en 2004). Se producen, además, cambios en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que conllevan la recalificación de la parcela como suelo edificable. Una promotora interesada en el desarrollo residencial de esa zona de Cabueñes le paga 617.420 euros por la finca, que le había costado 7.513 euros en el año 1992.

La fiscalía de Asturias encuentra en este asunto indicios de tres posibles delitos: cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Su denuncia ha dado lugar a una instrucción judicial en la que participan el Ayuntamiento de Gijón, el Partido Popular y la Plataforma Ciudadana Contra el Muro de Cabueñes. Las diligencias previas de la investigación se iniciaban el pasado miércoles con la declaración de Ovidio Blanco y de su mujer. El siguiente en dar su testimonio tenía que haber sido Horacio Costales, uno de los dos socios de Hoyant, S. L., pero una crisis de ansiedad le impidió presentarse en los Juzgados de Poniente el día que había sido citado por el juez. Los interrogatorios continúan hoy, con la comparecencia de María Luisa García y de Covadonga y Marcos Cueto García, viuda e hijos del otro miembro de Hoyant, fallecido en 1999.

También tendrá que prestar declaración Luis Felipe Alonso Teixidor, redactor del PGOU que recalificó La Llosona como parte del plan urbanístico que permite construir 655 viviendas en Cabueñes. Lo hará por exhorto desde Madrid, donde tiene su estudio. De momento, el ex arquitecto jefe del Ayuntamiento de Gijón es el único imputado en este caso. De todas formas, el juez aún no ha determinado si las sospechas manifestadas por la fiscalía son o no fundadas y, por tanto, no existe ninguna acusación formal en contra de Blanco.