M. SUÁREZ
El Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria, se ha puesto a revisar las operaciones de compraventa de suelo derivadas del plan urbanístico de Cabueñes. Esta inspección coincide en el tiempo con el llamado «caso Blanco», que salía a la luz pública el pasado mes de marzo y ahora lo están investigando los tribunales gijoneses. El organismo fiscalizador del Estado ha resuelto que algunas de las transacciones que se llevaron a cabo en la parroquia son motivo de sanción.
El de Cabueñes es uno de los nuevos desarrollos residenciales que surgieron con la última adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Abarca una superficie de 254.000 metros cuadrados, que pasaron de ser rústicos a tener la calificación de edificables, lo que llamó la atención de grandes promotoras como Reyal Urbis o Lomas-Barajas. Los primeros acuerdos se formalizaron, mediante opciones de compra, antes de que se aprobase definitivamente la transformación urbanística de ese suelo.
El ex arquitecto jefe del Ayuntamiento de Gijón Ovidio Blanco tenía en la zona una parcela de 2.491 metros cuadrados, que vendió a Reyal Urbis en enero de 2006 por 617.420 euros. Previamente, en julio de 2005, había recibido un adelanto de 90.150 euros, que otorgaba a esta entidad inmobiliaria derechos de compra sobre la finca. El trato estaba supeditado a la aprobación del PGOU y, por tanto, de la recalificación urbanística de Cabueñes; una fórmula que se utilizó en otros muchos casos.
Al supervisar el movimiento de propiedades que hubo en la parroquia de Cabueñes, Hacienda se ha dado cuenta ahora de que la tributación de algunas de estas opciones de compra fue incorrecta. El fisco ha respondido a las infracciones detectadas imponiendo multas millonarias. «Es un efecto colateral del "caso Blanco"», interpretan fuentes relacionadas con las inspecciones de la Agencia Tributaria, que echa leña a un plan urbanístico tocado por la crisis inmobiliaria y por la investigación judicial que pesa sobre el que fuera jefe de los servicios técnicos del Ayuntamiento.
Blanco ha tenido que prestar declaración en el Juzgado de instrucción número 5 de Gijón para explicar las operaciones de compraventa que realizó en Cabueñes entre marzo de 1992 y enero de 2006. La fiscalía interpreta que hay indicios de tres posibles delitos: cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. El juez Juan Laborda instruye diligencias previas para comprobar si esas sospechas son fundadas y hay razones suficientes para abrir un juicio oral. Será determinante el testimonio de Horacio Costales de Arriba, socio de Hoyant, S. L., la empresa que negoció con el ex arquitecto municipal todas las operaciones que ahora están siendo investigadas judicialmente. El día que estaba citado a declarar alegó una crisis de ansiedad.
El plan parcial de Cabueñes generará 655 nuevas viviendas entre el Hospital y la antigua carretera de Villaviciosa. En un principio, los edificios iban a tener hasta cinco plantas, pero el Ayuntamiento ha decidido rebajarlos a tres. Esta rectificación no ha convencido, sin embargo, a la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes, que ve en el plan urbanístico de la parroquia irregularidades que justificarían su suspensión. Pero el gobierno local ha decidido continuar con la tramitación del proyecto, que afecta a la zona de Cabueñes que puede verse arriba.