M. S.
El suelo que adjudica Sogepsa en sus operaciones ya está urbanizado, lo que implica unos gastos que repercuten directamente en el precio final. En el caso de Poniente, la sociedad mixta cifró la inversión en 18 millones de euros. Vecinos afectados por esta operación de cirugía urbanística dudan de que «ese gasto justifique cobrar el terreno seis veces más de lo que se pagó en las expropiaciones».
La sentencia del Supremo ha despertado viejos resquemores. De hecho, colectivos como la Plataforma para la Defensa de la Zona Rural se preguntan «¿con qué dinero va Sogepsa a hacer frente a todos estos fallos judiciales que le están cayendo encima?». Pregunta que da paso a una petición: «A ver si presentan la auditoría de sus cuentas de una vez».
