El PP denuncia «un fraude de ley» en despidos a operarios del plan Piles

R. V.

De comisión de un «fraude de ley» tildaba ayer la concejala popular Dorinda García la actuación del Ayuntamiento de Gijón en la extinción de contratos a varios trabajadores de los planes de empleo locales . «Y no lo dice el PP, lo dice el Juzgado de lo social y lo ratifica el Tribunal Superior de Asturias», indicaba la concejala, senadora y abogada en referencia a unas sentencias contrarias al Ayuntamiento de Gijón en materia de contratación. El juez entiende que los trabajadores afectados, que comenzaron su vinculación con el Ayuntamiento en 1999 a través del plan Piles y la mantuvieron hasta finales del año pasado en otros programas de empleo para desempleados, no tenían una relación temporal como defendía el Ayuntamiento al proceder a la extinción de sus contratos.

Las sentencias judiciales, de las que el PP ya ha recopilado cuatro y no duda que puedan existir algunas más, plantean que la relación laboral era indefinida por lo que decretan despido improcedente y exigen al gobierno local que indemnice a los afectados. Unas indemnizaciones que oscilan entre los 14.228 y 19.647 euros en los casos que ha podido analizar la concejala del grupo de la oposición. Además, el Ayuntamiento tiene que hacerse cargo de los salarios de tramitación entre que cesó la actividad laboral de los afectados y tuvo lugar la sentencia judicial. El juez entiende que los contratos de los trabajadores eran imprecisos en cuanto a ese carácter de temporalidad que reivindica el Ayuntamiento y que no se acredita que hubieran recibido las liquidaciones oportunas en caso de poner fin a un contrato temporal y comenzar otro de carácter independiente.

«Desde el Grupo municipal Popular queremos decir muy alto y muy claro que hay un engaño del Ayuntamiento a estos trabajadores y nos tememos que pueda haber muchos más que hayan sufrido una situación similar pero que no hayan recurrido a los tribunales», indicaba Dorinda García. El PP ha denunciado en varias ocasiones irregularidades en contrataciones vinculadas al Ayuntamiento de Gijón o a su red de empresas.