Subir los impuestos

JOSÉ ÁNGEL DEL VALLE LAVANDERA En una situación de crisis, en la que la demanda se retrotrae y, por tanto, la oferta tiene que adaptarse a esta realidad, es la inversión pública la que tiene que tomar la iniciativa para evitar el colapso económico ante la caída de la inversión privada por la falta de demanda. Este aumento de la inversión pública genera un importante déficit público, el cual, unido a una caída de la recaudación impositiva, nos sitúa en un escenario con una única solución: la subida de impuestos.

Estos días todo el mundo opina sobre el tema y de forma variopinta, parece ser que casi nadie niega ya esa necesidad, excepción hecha de los neofascistas, vestidos de liberales, que siguen sin asumir su culpabilidad en el desastre. Sin embargo, el debate está servido. En el Estado español hay muy pocos que admitan ganar más de 60.000 euros -el 3%, para ser exactos-, por tanto, es verdad que la subida impositiva sobre esas rentas en solitario no permitiría una recaudación suficiente. Pero si a esto unimos una serie de medidas como el fin de la exención fiscal en el impuesto sobre el patrimonio de las grandes fortunas, involucrarse más en la lucha contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida, estaremos avanzando en una mejor distribución de la riqueza.

Pero hay otras cosas preocupantes, y en este aspecto todas las miradas convergen en un punto: las grandes fortunas no declaran como los demás mortales, sino a través de las sociedades de inversión de capital variable o de las «unit linked», es decir, dos hermosos agujeros negros donde nuestros millonarios esconden su capital y tributan, en el primer caso, a un 1%, y allí se refugian todas las grandes fortunas, con un mínimo de 100 accionistas.

Estos personajes tienen aquí la formula mágica para no pagar impuestos prácticamente. Si además tenemos en cuenta que su constitución, aumento de capital, fusión o escisión tiene una exención fiscal en el impuesto sobre trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ¿qué más quieren?

No puede ser que sólo los trabajadores en sus distintas vertientes contribuyamos al mantenimiento del Estado, mientras tanto estas fortunas escapan, legalmente, eso sí, a sus obligaciones con la sociedad. Reconducir esta aberración es una obligación, no sólo moral, sino también económica. Que tribute más el que más tiene es una obligación social, sin recurrir a subterfugios que les premian tributar al 1% en el impuesto de sociedades.

Otro de los refugios del gran capital para obtener importantísimas rebajas fiscales son las «unit linked», en teoría, seguros de vida pero que encubren fondos de inversión con una tributación muy inferior a los verdaderos fondos. Los aspectos más relevantes de este engaño legal y consentido son dos:

- Permiten la posibilidad de cambiar de activo sin tener que tributar hasta el reembolso final, es decir, hasta que se muera el tenedor del seguro.

- Al ser productos considerados como un seguro de vida, éstos tributarán como tal, con las ventajas que presenta la fiscalidad de los seguros de vida frente a los fondos de inversión.

Éstos son dos agujeros por donde el gran capital se ríe de todos los demás, porque con tal de no tributar, vale todo. Acabar con todas estas figuras legales debería ser un objetivo imprescindible si de verdad queremos que paguen más los que más tienen, aunque me temo que, como siempre, el que tiene el poder, y no es el Gobierno, terminará haciéndonos pagar la factura a los demás mientras ellos se ríen, con razón, de nuestra incapacidad para cambiar las cosas. Pero estos engaños que el Gobierno es incapaz de acotar y la sociedad civil es incapaz de abolir no son más que algunos de los hechos que hacen que el verdadero sistema democrático se este diluyendo cada vez más.

Los derechos inalienables a una sanidad universal y gratuita, así como a un educación de igual índole, no pueden ser puestos en peligro por la insolidaridad de algunos y la falta de arrestos de otros. Por tanto, estos derechos deben basarse en un proceso solidario de todos, a sabiendas de que el capitalismo tiene esta gracia: que los que más tienen, los que mejor viven, son los que menos pagan al fondo común. Sin contar, además, con un problema añadido: lo público siempre acaba sirviendo a lo privado.

El caso de la sanidad en Asturias es claro: una sanidad pública y una farmacología privada cuyo único objetivo es la obtención de beneficios, y donde la salud de la gente les importa un comino. Si las farmacéuticas investigan no es con el objetivo de curar, es con el objetivo de obtener beneficios, ni más ni menos.

Al final una parte importante de nuestros impuestos no van destinados a que funcione mejor la sanidad pública: realmente van a que las farmacéuticas y sus accionistas sean más ricos y, por tanto, puedan escapar al control del Estado a través de figuras jurídicas que violan cualquier principio ético. Pero esto ¿qué les imputa a los accionistas? Nada. Cuando alguien hace de la salud de los demás un negocio ¿qué podemos esperar?