Una parroquia con guardaespaldas

M. SUÁREZ
Valentín Sirgo, 60 años, metalúrgico. José Luis Montes, 53 años, transportista. Alberto Ortega, 29 años, instalador eléctrico en paro. José Manuel Hernández, 33 años, trabaja en la construcción. Francisco Javier Simón, 39 años, calderero. Y Eusebio Ortega, 64 años, maestro industrial jubilado. Estos seis hombres tienen en común su lugar de residencia, en San Andrés de los Tacones, y el arrojo de salir a patrullar por los caminos de la parroquia para proteger a los vecinos de un aumento «muy alarmante» de robos y saqueos.

Ayer, sobre las ocho y media de la tarde, cuando ya empezaba a oscurecer, emprendieron su primera ronda de vigilancia. Durante unas dos horas, recorrieron las zonas que están resultando más conflictivas, con unas cachabas como único apoyo y el convencimiento de que la unión hace la fuerza. Entrada la noche, la patrulla se disuelve y se pone en marcha un nuevo dispositivo de seguridad, consistente en «tener en cada núcleo de población a uno de los vecinos de guardia» y «dejar operativo un número de teléfono para emergencias».

Si ese teléfono suena, todo está preparado para que «podamos personarnos inmediatamente» y movilizar a la Guardia Civil. Hoy por la mañana, a primera hora, otra partida de seis vecinos tomaba el testigo de Valentín, José Luis, Alberto, José Manuel, Eusebio y Francisco Javier. El siguiente relevo llegará después de comer. Con estas patrullas ciudadanas, la asociación vecinal de San Andrés pretende llenar «el vacío que nos está haciendo la Administración». Lo llaman «legítima defensa».

En las últimas tres semanas, según los datos que ayer ofrecía Francisco Javier Simón, «se han presentado nueve denuncias de robo en la Guardia Civil, que sólo tiene una patrulla para recorrer la zona rural por las noches». Nunca se había visto en la parroquia una situación así y atribuyen este aumento de la delincuencia al desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales. La llamada ZALIA afecta, en su primera fase, a un millón de metros cuadrados. Las fincas y casas situadas en ese ámbito hace tiempo que están desalojadas.

«Esa situación de abandono atrae a ladrones y delincuentes, que primero entraban en las viviendas desocupadas y ahora lo hacen en las habitadas», aseguran portavoces de la parroquia, que ayer se reunieron con los vecinos antes de que saliese la primera patrulla ciudadana para explicarles los pormenores de su iniciativa. El malestar «es enorme» en San Andrés, que acusa a los promotores de la ZALIA (Principado, ayuntamientos de Gijón y Avilés, y autoridades portuarias de ambas ciudades) de «dejación de funciones, por venganza».

La asociación vecinal de San Andrés lleva ya cuatro años luchando contra el proyecto. Ayer, el abogado que la representa, Roberto Roces, informó de que «las denuncias ante la Unión Europea siguen su trámite; está a punto de dictarse sentencia en el contencioso que presentamos; y podríamos interponer querella por los destrozos cometidos en el patrimonio etnográfico de la parroquia». Presentarán, además, una denuncia por «permitir basureros piratas, un delito contra el medio ambiente». Mientras, «no queda otra solución que ocuparnos de nuestra propia seguridad».