Los sindicatos aún confían en salvar Juliana pese al cierre fijado para el próximo día 30

J. L. ARGÜELLES
No todo está perdido y la ciudad puede mantener, en un futuro, la actividad de su último astillero, Factorías Juliana. Es el planteamiento con el que trabajan los sindicatos, según las fuentes de las centrales consultadas ayer, pese al auto judicial del pasado 27 agosto por el que se autoriza la extinción colectiva de los contratos de trabajo, salvo los necesarios para el «cierre ordenado de la empresa», el próximo día 30.

La clave de la posición de los sindicatos con representación en el comité de Juliana, CC OO y UGT, está en que el informe de los administradores del concurso de acreedores, declarado a petición de los propietarios del astillero el pasado 12 de junio, resuelva que las instalaciones son inviables con la gestión de Vulcano. En realidad, lo que los sindicatos tienen es la promesa (la llamada «hoja de ruta») del consejero de Industria, Graciano Torre, por la que el Gobierno del Principado tendría el compromiso de alguna firma de la industria naval (se ha hablado de los astilleros asturianos Armón y Gondán, por ejemplo) para hacerse cargo, previa inyección de dinero público, de la compañía del Natahoyo.

La previsión es que los administradores concursales entreguen ese esperado informe el próximo lunes en el Juzgado de lo Mercantil de Oviedo. Los sindicatos tienen fijada una nueva reunión para el próximo día 15, miércoles, con representantes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para encauzar, de forma definitiva, el plan laboral con las garantías que esta sociedad pactó en 2006, tras el proceso de privatización de buena parte del sector naval español y la entrega a Vulcano de Izar Gijón, considerado entonces uno de los más modernos astilleros -de su tamaño- de Europa. En las gradas de las instalaciones sólo queda en obra el cementero que encargó la empresa Tudela Veguín, una construcción que difícilmente se puede concluir por el momento debido a la fuerte deuda de Juliana.

Esas garantías laborales son la segunda de las claves de la estrategia que defienden los sindicatos. El proceso supone la prejubilación de 112 de los 149 trabajadores de la actual plantilla del astillero, además de garantizar condiciones similares para el personal contratado por obra. Los 37 operarios restantes se recolocarían en alguna empresa pública o en Navantia. El Principado tiene, por otra parte, el compromiso de recolocar a 40 de los trabajadores de la clausurada Naval Gijón. Una nueva concesión de las instalaciones de Juliana a alguna de las compañías citadas podría ser una de las soluciones a este sudoku laboral. Pero la estrategia que siguen CC OO y UGT no convence a todos los sindicatos. La CSI explicó ayer que, a su juicio, en Juliana se sigue un proceso igual al que provocó el cierre de Naval Gijón: «El auto con la rescisión de contratos abre esa puerta».