La Sección Octava de la Audiencia Provincial dejó vista ayer para sentencia la causa abierta contra una trabajadora de una inmobiliaria gijonesa a la que se acusa de estafar más de 300.000 euros a tres parejas que recurrieron a sus servicios para adquirir un piso. El hecho de que la mujer hubiera ingresado antes del juicio más de 40.000 euros en el banco para reparar parte del daño causado llevó a que tanto el fiscal como las acusaciones rebajaran ligeramente la pena de cárcel que se solicitaba para ella. El ministerio público pidió dos años (antes pedía tres) y las acusaciones ocho años (medio año menos).