J. L. ARGÜELLES
La competencia sobre El Musel es de la Autoridad Portuaria de Gijón y de quien nombró a su máximo responsable, Fernando Menéndez Rexach. Es decir, la responsabilidad sobre el principal puerto asturiano es del Gobierno del Principado y de su presidente, Vicente Álvarez Areces. Es la posición que defendió ayer en el Congreso el titular de Fomento, José Blanco, en respuesta a una pregunta del Partido Popular (PP); en concreto, de su diputada por Asturias Pilar Fernández Pardo, sobre la desviación presupuestaria de 216 millones (sin IVA) que arrastra la obra de ampliación de la dársena gijonesa.
«No es competencia ni del Ministerio de Fomento ni del Gobierno de España», respondió Blanco. Éste justificó la decisión ministerial de prestar 215 millones a El Musel, «sin ser competentes para ello», por la necesidad de completar los trabajos de un puerto cuyo crecimiento «es bueno para Gijón y para el desarrollo económico de Asturias y de España». Fomento aprobó ese crédito el pasado mes de julio, tras hacerse público el contenido de un informe de la Comisión Europea (CE) en el que se recomienda no dar más fondos de cohesión (ya hay aprobados 250 millones) para el superpuerto asturiano al apreciar irregularidades en la tramitación del sobrecoste. Pero El Musel deberá devolver, en condiciones favorables, ese préstamo a Fomento. Es una obligación que puede lastrar el futuro de la terminal gijonesa, según han denunciado el PP e IU.
No es la primera vez que Blanco apunta hacia Asturias cuando se habla de las responsabilidades por una desviación económica que supera más del 40 por ciento el presupuesto inicial del superpuerto, que costará 715,6 millones (sin IVA). Ya lo hizo en una entrevista publicada por este diario el pasado 23 de agosto, en la que habló de «mala previsión» y de un «plan de financiación inadecuado». El consejero de Infraestructuras del Principado, Francisco González Buendía, que forma parte del consejo de administración de El Musel, ha recordado al Ministro que la tramitación del sobrecoste fue supervisada y autorizada por la Abogacía del Estado y por Puertos del Estado. Asturias tiene dos dársenas de titularidad estatal: Gijón y Avilés.
Las palabras de Blanco no convencieron ayer al PP. Pardo exigió, «sin dilación alguna», la depuración de esas responsabilidades y la dimisión de Rexach, además del abandono del consejo de administración de El Musel de la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, del concejal socialista José María Pérez, y de Buendía. «Areces deberá responder de su actuación en la Junta General y ante la opinión pública», añadió. La diputada y presidenta de los populares gijoneses, para quien lo ocurrido con este sobrecoste es un «escándalo, deben aclararse, asimismo, las implicaciones administrativas, civiles y penales, si las hubiere. ¿Una intervención de la Fiscalía?
El PP coincide con Blanco en que la ampliación de El Musel es de gran importancia estratégica. Pero no está de acuerdo con la fórmula del préstamo de 215 millones adoptada por Fomento. «Será Gijón la pagana de esta actuación», manifestó Pardo. A juicio de la diputada, es el Ministerio el que debe pagar: «Es responsable, en última instancia, de estas negligencias».
«Seguro que dentro de poco tiempo me volverán a plantear que actúe, también, en otros puertos y en otras comunidades donde ahora gobiernan (el PP)», deslizó el Ministro, en clara referencia a la construcción de la dársena exterior de La Coruña, en Punta Langosteira. Esta obra acumula un sobrecoste de 284 millones. El PP ganó el pasado marzo las elecciones autonómicas gallegas con Alberto Núñez Feijóo.
