J. L. ARGÜELLES
No habrá comisión parlamentaria en la Junta General del Principado para investigar el sobrecoste de 216 millones (sin IVA) por la ampliación de El Musel. Al menos, por ahora. El portavoz de IU-BA-LV en la Cámara asturiana, Jesús Iglesias, aseguró ayer que, sin renunciar a «clarificar» la gestión económica del mayor proyecto licitado en la comunidad autónoma, la responsabilidad de la obra portuaria es de la Administración del Estado y que, además, prefiere esperar una decisión firme de la Comisión Europea (CE) sobre la petición de nuevos fondos de cohesión.
La coalición, muy crítica hasta ayer mismo con la gestión económica del superpuerto, según las denuncias por supuestas irregularidades hechas incluso en sede parlamentaria por su diputado Francisco García Valledor, desaprovecha así una ocasión para aclarar si hubo negligencia con dinero público en el sobrecoste de El Musel. El presidente del PP de Asturias, Ovidio Sánchez, y la diputada Pilar Fernández Pardo anunciaron que pedirán en la Junta una comisión que investigue la contabilidad de ese desajuste económico. Los votos de los parlamentarios del PP e IU-BA-LV suman mayoría en el Parlamento autonómico, aunque la coalición de izquierdas forma parte con los socialistas del Gobierno de Vicente Álvarez Areces.
«Si es necesario, que investigue la fiscalía», manifestó Pardo, a quien el pasado miércoles respondió el titular de Fomento, José Blanco, en la sesión de control al Ejecutivo de Zapatero. La diputada del PP pidió ayer la depuración de responsabilidades por el sobrecoste y que el Ministerio asuma esos 216 millones.
Para el Ministro, que acordó con Areces una fórmula por la que Fomento presta 215 millones que la Autoridad Portuaria de Gijón deberá devolver en condiciones favorables, es este último organismo y quien nombra a su presidente, es decir el Gobierno del Principado, quienes son «competentes» y tienen, en última instancia, la responsabilidad en el desarrollo de los trabajos junto al Cabo Torres. «La Autoridad Portuaria es la competente en los puertos y, por tanto, no es competencia ni del Ministerio de Fomento ni del Gobierno de España; es la Autoridad Portuaria, cuyo presidente es nombrado por los órganos competentes de los gobiernos autonómicos. Sucede en Gijón y en otros puertos», dijo Blanco en su respuesta al PP, a quien acusó de «no querer que se acabe el puerto».
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