«Lo único ilícito es la actitud del PP», sostiene Areces

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Al trasladar la responsabilidad del sobrecoste a la Autoridad Portuaria y al Gobierno del Principado, que nombra al presidente de El Musel, Blanco puede justificar la fórmula para la desviación económica de la terminal gijonesa: Fomento no paga esos 216 millones pero presta la cantidad, a devolver en 42 años, con 7 de carencia. Todo indica que aplicará una solución similar para el desajuste presupuestario (282 millones) de la obra de la dársena exterior de La Coruña.

Para Areces las cosas son de otra manera. El presidente del Principado aseguró ayer, en unas declaraciones a la Cadena Ser, que el Ministro no le «pidió» responsabilidades. Cierto que no dio nombres, pero de las manifestaciones de Blanco transcritas en esta información se concluye que la «competencia» sobre la obra y su gestión económica, es decir, las responsabilidades sobre la ampliación de El Musel, son de la Autoridad Portuaria y del Gobierno de Asturias.

Esa posición del Ministro es coherente con las declaraciones que éste hizo a LA NUEVA ESPAÑA el pasado 23 de agosto, donde habló de «mala previsión» y de un «plan de financiación inadecuado». El consejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía, le recordó entonces a Blanco que la modificación del proyecto de El Musel tuvo el visto bueno de la Abogacía del Estado y de Puertos del Estado. Una línea en la que insistió ayer Areces, para quien lo único ilícito «es la actitud del PP».

Los populares se quedan solos, por el momento, en su petición de una comisión que investigue el sobrecoste. Para IU-BA-LV, el Ministerio de Fomento debe depurar responsabilidades si considera que hubo actuaciones irregulares porque «se trata de una obra que pertenece al Gobierno de la nación, que es quien la contrató». Recordar que Los Verdes, una de las tres formaciones que constituyen el grupo parlamentario del que es portavoz Iglesias, denunció ante la Comisión Europea el sobrecoste gijonés al considerar que se cometieron irregularidades y que la obra es innecesaria para las actuales necesidades portuarias.

Pardo resaltó que las responsabilidades del sobrecoste son, además, de Puertos del Estado y de Fomento: «No vamos a renunciar a que el Ministerio pague». Recordó que hay aún un procedimiento abierto en la OLAF, siglas de la oficina europea de lucha contra el fraude.

La Dirección General de Mercado Interior de la CE emitió un informe, tras la denuncia de Los Verdes, en el que recomienda no dar nuevos fondos de cohesión para El Musel (tiene concedidos 250 millones) al considerar que el Puerto debió hacer otra licitación de obra.